Gracias al apoyo del PP, el PSOE y CiU, la propuesta de UPyD, apoyada el pasado martes por IU-ICV-CHA, de poner límites a las pensiones de los expresidentes del Gobierno y hacerlas incompatibles con honorarios privados, fue rechazada en el Pleno del Congreso. Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto de UPyD, consideraba “de ética política” la iniciativa de acabar con estos “privilegios” de “casta política” y quiso imponer “el principio de igualdad ante la ley”, empezando por los presidentes del Gobierno, que tienen especial “ejemplaridad”. “Se trata –explicó el diputado– de un problema de salud pública y lo que esta en juego es el prestigio de la política y del sistema democrático”. El partido de Rosa Díez abogaba porque los expresidentes no puedan simultanear dos retribuciones públicas, como hace Zapatero en su doble condición de ex presidente y miembro nato del Consejo de Estado, o compatibilizar retribuciones públicas con ingresos procedentes de su actividad privada, como sí hacen Felipe González, consejero de Gas Natural, o José María Aznar, asesor de Endesa. Ingresos que UPyD considera “susceptibles de ser considerados como claramente abusivos, especialmente en la actual situación de grave crisis económica y altísima tasa de desempleo”.
Para UPyD y los grupos de la izquierda minoritaria, la polémica se ha convertido en una cuestión de Estado. Y la iniciativa instaba al Gobierno a que, en dos meses, regulase el estatuto de los expresidentes en el que se “establezca un límite temporal a las prerrogativas concedidas, así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones procedentes de fondos públicos con los derivados de su actividad de carácter privado”. Los exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y, desde 2008, pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, perciben cada uno de ellos una pensión de unos 80.000 euros al año, como lo hará a partir del próximo ejercicio José L. Rodríguez Zapatero, que compatibilizan con los ingresos y rendimientos como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.
Pero, como sucedió en la pasada legislatura, en la que Rosa Díez intentó limitar en el tiempo las prerrogativas de los exmandatarios, la propuesta fue igualmente derrotada por el peso de los dos grandes partidos mayoritarios. Pedro Gómez de la Serna, diputado del PP, minusvaloró la iniciativa defendida por Gorriará, tildándola de simplemente “efectista”. “Su propuesta tiene pegada –añadió–. Pero de ahí a decir que supone un paso en la regeneración democrática, no. No estamos de acuerdo. Mientras usted se ocupa de dos personas [Aznar y González], el PP se ocupa de 5.300.000 personas sin empleo en España. Evite los argumentos facilotes”. La iniciativa de Martínez Gorriarán contaba con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, José Luis Centella, hizo especial hincapié en las incompatibilidad, argumentando que los expresidentes, como “los jarrones chinos”, deben ser “cuidados y mimados” en casa, pero no ponerse a la venta al mejor postor. Y el nacionalista, Jordi Jané, censuró la “política espectáculo” de este tipo de iniciativas y avisó de que los propios políticos deberían evitar ese tipo de polémicas que contribuyen al desprestigio de la su actividad. Propuesta que fue aplastada por el PP y el PSOE.
El problema con los sueldos de los ex presidentes y su compatibilidad con sus elevados ingresos privados saltó a la opinión pública el año pasado, cuando se habló del fichaje millonario de Aznar por Endesa, por el que cobra unos 300.000 euros anuales. Por su parte, tampoco Felipe González piensa renunciar a los 126.000 euros anuales que percibe como consejero independiente de Gas Natural. Además, ambos cuentan con sendas empresas privadas, Famaztella e Ialcon Consultoría, con las que gestionan sus ingresos por derechos de libros y conferencias. Aznar redondearía su sueldo vitalicio con 1.5 millones de euros como consejero y conferenciante. Y González un mínimo de unos 600.000 euros por sus actividades privadas, tal y como detalla el libro “Socialistas de Élite”, del periodista Javier Chicote.
Finalmente, la iniciativa de UPyD que pretendía limitar las pensiones públicas y declararlas incompatibles con los ingresos privados, fue rechazada por el PP, PSOE y CiU. Evidentemente, aunque, en el fondo, muchos de los diputados estaban de acuerdo con Joan Baldoví, de Compromis-Equo, para el cual simultanear ingresos públicos y privados es “injurioso e insultante para muchas familias y este sería el momento de dar ejemplo”, la mayoría de ellos no quisieron echarse piedras contra su propio tejado.