Por Iris Alandia, responsable de proyectos Global Humanitaria Bolivia
Bolivia es actualmente el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física contra las mujeres y el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos del Programa ONU-Mujeres. Asimismo, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), indicó que en los primeros 8 meses de este año se registraron 100 asesinatos de mujeres, de los cuales 59 fueron feminicidios (por parte de sus parejas o ex parejas).
¿Qué está sucediendo? Actualmente la sociedad boliviana se ha convertido en una sociedad enferma, con mujeres con miedo, situación empeorada por la desprotección del Estado. En palabras de la académica mexicana Marcela Lagarde, “la violencia de género produce en muchas mujeres uno de los recursos más importantes de control patriarcal: el miedo”. Por tanto, este tipo de violencia daña a las mujeres y daña a la sociedad, en un círculo vicioso que sólo termina en dolor.
En marzo de 2013 se aprobó la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, bajo la presión-vigilancia de la sociedad organizada, producto de varios hechos de violencia contra mujeres en Bolivia que planteó alternativas concretas para la construcción de un Estado Plurinacional despatriarcalizado. Esta ley penaliza el feminicidio, el acoso sexual violencia familiar, la esterilización forzosa, el incumplimiento de deberes y los padecimientos sexuales.
La ley también incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, la violencia patrimonial y la sustracción de utilidades de actividades económicas familiares. El Ministerio de Justicia es la entidad responsable de coordinar la realización de las políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y tiene a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la ley, apenas se han dictado sentencias por feminicidio y no se han reducido los índices de violencia machista en el país.
Ahora bien, la ley existe, pero la realidad nos demuestra que esto no es suficiente, más aún si no está refrendada con una reglamentación con políticas o programas de Estado, y no contempla fuentes de financiamiento (montos o porcentajes) ni plazos para su cumplimento. Es decir, por más buena que sea esta ley, si no tiene la institucionalidad adecuada, el presupuesto que la sostenga, la lógica de acción de los operadores será débil.
Sólo en el departamento de La Paz, existen un total de 3.759 causas abiertas y únicamente 14 fiscales para responder a ello. Según un estudio de la periodista Fátima López, encargado por la fundación de Periodismo y el proyecto Observatorio “La Paz como vamos”, los casos de violencia contra la mujer se habrían multiplicado. Asimismo, los datos de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia (FELCV), muestran que el departamento de La Paz, se sitúa como el más violento, con 3.318 casos de violencia en el primer cuatrimestre de este año, sigue Cochabamba con 2.130 casos y Santa Cruz con 1.446.
Ciertamente, cuando el enfoque de género no es parte ni de la formación, ni del ejercicio profesional de los operadores de justicia, de la Policía, del Ministerio Público, entre otros, evidentemente es poco lo que se puede lograr.
Este elevado número de crímenes evidencia “la necesidad inmediata de poner en vigencia mecanismos que garanticen y protejan los derechos de las mujeres”, como lo señaló en un comunicado el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. El trabajo preventivo es fundamental para la lucha de este flagelo con características de pandemia, es imprescindible fortalecer la educación de hombres y mujeres con valores diferentes y de respeto a los derechos de las niñas y mujeres.
El problema es un tema de prioridad nacional y un asunto de carácter público, por lo que se debe romper con aquella concepción que entiende a la problemática de la violencia como un asunto familiar-privado, re-definiendo de esta manera las tradicionales fronteras entre lo público y lo privado. Como tal debemos levantar las voces para parar este delito sanguinario que afecta a las mujeres y a la sociedad, y exigir que el Estado, en sus diferentes niveles, cumpla su rol. Debemos involucrarnos en esta lucha y fortalecer la cultura de la denuncia, no a la impunidad. Así, nos sumamos a las manifestaciones de las sociedad civil que han dicho:
¡BASTA! QUEREMOS UNA BOLIVIA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Imagen: ABI