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2. Si hay quien por conveniencia, distancia o traición dejó de creer en aquel librito, ese es su problema. Yo sigo creyendo en su promesa, en el horizonte que dibuja, en su potencia, librito imperfecto como toda obra humana, pero suficiente como para dar la pelea en el terreno que sea.
3. Nuestra Constitución habla de Estado democrático y social de derecho y de justicia; exige al Estado garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; compromete al Estado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, como procesados o condenados, cualquiera fuere el motivo.
4. A propósito de los sucesos en El Rodeo, de la muerte de veintiún presos y un familiar como consecuencia del motín del domingo 12 de junio, y sobre todo a partir de la operación que ejecuta la Guardia Nacional desde el viernes 17, ha ganado fuerza el discurso sobre la necesidad de que el Estado recupere el control o restaure el orden de las cárceles.
5. Imposible esquivar la pregunta: ¿el Estado alguna vez ha dejado de tener el control sobre las cárceles? Nunca.
6. En las cárceles impera el orden impuesto por el Estado. De hecho, este status quocarcelario devela parte de la lógica de funcionamiento del Estado venezolano, y resume el conjunto de relaciones de fuerza sobre las que éste se funda.
7. Las imágenes de lo incautado en El Rodeo 1 ofrecen una pista del tipo de orden que prevalece en las cárceles: se trata, sin duda, de un orden fundado en la violencia. ¿De una violencia ejercida por quiénes y contra quiénes? Las armas y las drogas incautadas sólo han podido ingresar el penal con el concurso activo o la complicidad, según se trate, de funcionarios y efectivos, civiles y militares, que hacen parte, junto con otros actores del sistema penal, de las mafias carcelarias. El de las cárceles es un negocio lucrativo, violento, criminal hasta la abominación, que beneficia a una compleja trama de funcionarios y efectivos, a una pequeña parte de la población penal, y afecta no sólo a la mayoría de los presos, sino a los funcionarios y efectivos que han pretendido enfrentarlo.
8. Habría que preguntarse si el status quo que impera en las cárceles, incluyendo la regularidad de los motines de presos que se disputan el control interno, no es la vía más expedita para garantizar la despolitización del conflicto, es decir, para evitar que los presos se organicen y luchen por sus derechos. Se trataría de un status quo que garantiza el control político sobre la población penal.
9. Si la vieja clase política opositora, que creció y se hizo fuerte al amparo de ese Estado criminal, violento y mafioso, hoy se pretende defensora de los derechos de los presos contra los atropellos del gobierno, no es porque le importe el destino de los presos. Lo que busca es retomar el control del gobierno en 2012, y recuperar todo el terreno perdido dentro del Estado. Para eso, debe adoptar una estrategia de desgaste: denunciar la ineficiencia de la gestión gubernamental. Si los medios privados entrevistan a los familiares de presos no es porque entiendan o se solidaricen con su rabia o su dolor, sino porque es preciso introducir todas las fisuras posibles en el seno del pueblo pobre, allí donde se concentra la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Se trata, por cierto, de una impostura que les puede resultar cara: es sabido que el antichavista promedio es más proclive al populismo punitivo: tolerancia cero, plomo al hampa, etc. No conviene mucho exponerse tanto junto a los “miserables”.
10. Contra este Estado criminal, violento, mafioso, anti-popular, insurgió la revolución bolivariana. Mal podríamos aparecer ahora como defensores de esa máquina infernal y despótica que engulle y escupe pobres, que criminaliza y produce criminales, tal cual las cárceles.
11. Todo discurso que disimule o silencie la realidad brutal de las mafias carcelarias (quiénes la componen), que silencie, invisibilice o criminalice a los familiares de presos, es un discurso funcional a la preservación del status quo en las cárceles; equivale a una defensa, de hecho, del aparato de Estado que hemos heredado, ese enemigo acérrimo de la revolución bolivariana, que bloquea e intenta neutralizar, en todos los frentes de lucha, la radicalización democrática de la sociedad venezolana.
12. Dicho discurso, que se ha colado en los medios públicos, es un serio obstáculo a los esfuerzos que actualmente realizan el gobierno bolivariano y otros poderes del Estado para controlar, efectivamente, la situación en El Rodeo 2 mediante el uso proporcional de la fuerza, pero también para crear otra institucionalidad penitenciaria y, más allá, para construir un sistema penal acorde con los principios constitucionales. Para quienes, dentro del chavismo, se han hecho portavoces de este discurso, no estaría de más una lectura de la Constitución Bolivariana. A ver si aprenden algo, diría el buhonero.
13. Por último, no habrá solución posible sin escuchar a los presos. Tal es el abc de la política revolucionaria: pueblo/sujeto, protagonista, que participa y tiene voz y rostro. ¿O acaso los presos no son pueblo?
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