Al aumento de los precios de los alimentos en las últimas semanas se debe agregar el impacto negativo sobre la capacidad de comprar alimentos ocasionado por la pérdida de demanda efectiva de los hogares, como resultado del aumento en el desempleo, el creciente subempleo, el alza acumulada de las tarifas de servicios públicos, la disminución de las remesas, entre otros factores más. Esta combinación entre aumento de precios de alimentos y caída en los ingresos de las familias para poder adquirirlos, está generando una autentica crisis de reproducción de la vida humana en el país.
El escenario no puede ser menos que desolador para los sectores mayoritarios de la sociedad salvadoreña, en especial para las mujeres, de quienes cultural y socialmente se espera que asuman la responsabilidad de “dar de comer a sus familias”. Las mujeres de estos hogares se ven obligadas a poner en práctica verdaderas estrategias de supervivencia para resolver cotidianamente el problema alimentario niños/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con padecimientos de salud y de cualquier persona a su cuidado.
Las estrategias de supervivencia a las que hacemos referencia pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica y/o del quintil de ingreso en que se ubiquen los hogares. Sin embargo, en general todas estas estrategias representan un aumento de la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, ya sea porque tienen que levantarse más temprano o acostarse más tarde para cocinar para sus familias los alimentos que antes compraban preparados o para cocinarlos haciendo uso de leña a fin de disminuir el gasto en electricidad o en gas licuado, lo que a su vez implica un aumento en el trabajo de recolectar leña u otros materiales de combustión. En otros casos, las mujeres están viéndose obligadas a realizar actividades de producción, comercio o servicios que les demandan gran cantidad de tiempo de trabajo pero solo les reportan mínimos ingresos a para compensar el aumento en el costo diario de la alimentación familiar.
Esta lucha por la supervivencia que lideran las mujeres representa para ellas un aumento en el stress físico y emocional así como un mayor deterioro en sus ya precarias condiciones de nutrición y de salud. El viejo refrán que dice “quién comparte y reparte se queda con la mejor parte” no aplica para las mujeres de estos hogares: después de compartir y repartir los alimentos es frecuente que la parte que les corresponda sea la más pequeña o simplemente no les corresponda ninguna.
Para la gran mayoría de las mujeres salvadoreñas, cumplir con estas tareas de asegurar la reproducción de la vida de sus familias en estas condiciones, está representando día tras día una prueba de su capacidad de soportar los costos sociales de vivir en un país con un déficit estructural en materia de seguridad alimentaría y de tener un gobierno que, o bien no entiende la naturaleza y causas de la inseguridad alimentaria de la población, o bien no tiene la capacidad de solucionarla.
Mientras tanto, parece que los responsables de las políticas públicas para prevenir esta crisis alimentaria no han cumplido su tarea y una vez instalada la crisis se están limitando a administrarla mientras insisten en culpar a los gobiernos anteriores de la falta de voluntad de resolver los problemas de la agricultura y de la alimentación.
Por una parte el Ministerio de Economía se encuentra atrapado en su propio laberinto de la “racionalización” del subsidio al gas licuado, y reacciona a la defensiva frente a cualquier cuestionamiento sobre el impacto de la eliminación del subsidio sobre los alimentos que se comercializan en establecimientos económicos populares que no están recibiendo el subsidio al gas (comedores, pupuserías, chalets, cafetines) o que lo recibirán de manera insuficiente. Al tratar de desligarse de toda responsabilidad directa en el aumento de precios de los alimentos, el Ministerio de Economía argumenta de forma circular que: “no es problema del aumento en el precio del cilindro de gas, es problema que los alimentos están caros”. (EDH, 06.04.2011). Cabría preguntarle entonces: ¿Y si sabían que los precios de los alimentos están altos, y sabían además que el gas propano entra en al estructura de costos de los alimentos preparados que consume la población de menores ingresos, por qué entonces tomaron en esta coyuntura la decisión de liberar el precio del gas propano sí era previsible un mayor aumento en el precio de los alimentos?.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se supone es el responsable de las políticas públicas que logren “disminuir la dependencia del país de las importaciones de alimentos y de productos agroalimentarios” (Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014; p. 53), trata de auto exculparse de responsabilidad en la crisis alimentaria sosteniendo que “ el aumento en el precio de los alimentos se debe al incremento de precios de los granos básicos originado por la escasez de dichos productos” pero que no hay que preocuparse porque “mientras comienzan las importaciones de los 90,000 quintales de frijol provenientes de China, el MAG importará 5,000 quintales de frijol centroamericano, los cuales se venderán a $0.75 libra para impulsar a la baja los precios de mercado que actualmente rondan en $1.25 libra”. (LPG, 07.04.2011) ¿Es qué la estrategia para lograr la soberanía alimentaria del país (disminuir la dependencia alimentaria) se basa en la importación de más alimentos? ¿Es ésta la solución estructural o es simplemente una medida improvisada ante la falta de una estrategia integral para la soberanía y la seguridad alimentaria?
Y finalmente, en medio de este desafortunado desempeño de la institucionalidad pública, la población observa a una Defensoría del Consumidor, que mantiene todos sus esfuerzos invertidos en una loable lucha contra especuladores y acaparadores de alimentos y de gas propano, pero que lamentablemente parece no haber caído en la cuenta que el problema fundamental de la crisis alimentaria en el país no es tanto la disponibilidad sino el acceso. Más allá de la destacada labor que pueda realizar en la cacería de especuladores y acaparadores, la población que sufre hambre muy poco o nada es lo que puede esperar de estas acciones. Lo que la población en situación de emergencia alimentaria espera es que la Defensoría del Consumidor amplíe su marco de intervención con el objetivo de incidir en la defensa del derecho de las personas consumidoras a tener acceso a los alimentos que necesita para vivir, independientemente de si tienen o no el dinero para comprarlos.
En esta preocupante coyuntura nacional lo que más necesita la población es una Ley de Seguridad Alimentaria que tutele su derecho humano a la alimentación y que obligue a que las políticas públicas relacionadas con este objetivo (política comercial, política agropecuaria, política de protección al consumidor, política fiscal, etc.) a que sean congruentes y consistentes con este objetivo.
¿Cómo se defiende el derecho humano de la población a la disponibilidad y al acceso a la alimentación? En una economía organizada en función de la reproducción de la vida humana el derecho a la alimentación o la responsabilidad de alimentar no debería representar un problema para las personas, ya que el Estado y los gobernantes deberían tener no solamente los recursos y los instrumentos de política pública para garantizar este derecho sino además deberían poseer una visión estratégica de cómo se previenen las crisis alimentarias. No se trata de un problema de exclusión o de inclusión social, se trata de un tema de supervivencia humana, y desde este enfoque y con esta prioridad debería ser considerado en el diseño de políticas públicas.
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señor Jacques Diouf acaba de advertir que el aumento y la volatilidad de los precios de los alimentos continuará en los próximos años si no se abordan las causas estructurales del desequilibrio del sistema agrícola internacional y si los gobiernos no dejan de actuar reaccionando únicamente en el plano de los factores coyunturales y, limitándose a “gerenciar la crisis alimentaria”. Este error podría significar un aumento en la cifra actual de las personas que sufren HAMBRE en el planeta, y que de acuerdo a la última estimación del Banco Mundial ascienden ya a 1,044 millones, de los cuales el 60% son mujeres.
En efecto, entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos. El Parlamento Europeo ha denunciado que los altos precios de los alimentos están sumiendo a millones de personas en la hambruna y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo, debido no a la escasez o a una menor oferta de alimentos, sino a un alza de precios provocados por la especulación de su valor en bolsa y al uso de alimentos para otros fines (como el concentrado animal y los agro combustibles).
Es por eso que debe advertirse que a diferencia de lo que propone la FAO, la solución estructural a la crisis alimentaria en El Salvador no radica principalmente en el aumento a toda costa de la producción de alimentos, sino que tiene que ver también con el destino que se le da a estos alimentos, con las tecnologías con las cuales se producen y con los mecanismos que se utilizan para garantizar el acceso a los alimentos a TODA la sociedad, no solamente a aquellos segmentos que tienen la capacidad de comprarlos en el mercado. Sólo a manera de ejemplo hay que recordar un estudio realizado por el Banco Mundial en 2007 y que fue filtrado por el periódico inglés The Guardian, señalaba que el aumento en los precios de los alimentos en Estados Unidos y en Europa estaba ocasionado en un 75% por la utilización de tierras agrícolas y/o alimentos a la producción de agro combustibles.
Probablemente sea este el momento en que la Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición creada por la Presidencia de la República en octubre de 2009, de a conocer la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ha estado elaborando durante más de un año, y que de acuerdo a las consultas realizadas, debería incluir entre sus medida: la aprobación de una Ley de Seguridad Alimentaria, la protección de la producción nacional de alimentos, la prohibición del uso de transgénicos y la regulación de la extensión de tierra con vocación agrícola que podría dedicarse a la siembra de agrocombustibles.
Esta política no puede demorar más, aún cuando ésta no cuente aún con el beneplácito de las gremiales del sector privado, puesto que en la práctica estos sectores han manifestado su oposición al objetivo de la soberanía alimentaria, a la prohibición del uso de transgénicos en la producción de alimentos y su interés en que se destine más tierra con vocación agrícola a la producción subsidiada de agro combustibles y no así a la producción subsidiada de alimentos. Ojala no se este pensando que son tiempos difíciles para gobernar en los que no se recomienda entrar en una nueva pugna con la elite empresarial. El derecho a la alimentación no puede ser negociado.
Por Julia Evelyn MartínEconomista feminista y profesora de la UCA de El Salvador.ezFuenteRebelión