El Partido Socialista cruza la línea roja y accede a quebrar nuestro pacto de convivencia con una amnistía a la carta para el independentismo como pago para la investidura de Sánchez.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se dirigió a la Princesa de Asturias el día en el que Doña Leonor juró la Constitución y le expresó «la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno». Apenas veinticuatro horas antes de una ocasión tan solemne, el número tres del Partido Socialista, Santos Cerdán, se había retratado con Carles Puigdemont, un prófugo de la Justicia huido por haber perpetrado la mayor afrenta contra nuestro régimen democrático, al menos, desde el 23-F. El PSOE, que durante horas volvió a participar del normal funcionamiento de las instituciones y que por momentos parecía reconciliado con las formas y los usos propios de un partido de gobierno, ni siquiera pudo respetar la jornada en la que nuestra Princesa de Asturias juró la Constitución. Es probable que en las próximas horas los socialistas publiquen su acuerdo con ERC para tramitar una ley de amnistía que le garantice a Sánchez ser investido presidente del Gobierno. Recordemos que el partido republicano, esa misma mañana, había firmado un comunicado con EH Bildu y el BNG, apoyos imprescindibles para el futuro gobierno, encabezado por el lema «ni Monarquía, ni Constitución», lo que determina cuáles son las credenciales democráticas y constitucionales no ya de los socios, sino de un partido, el socialista, que en apenas horas es capaz de representar papeles antagónicos ante la opinión pública y sin que medie ningún atisbo de rubor.
Que la palabra del presidente Sánchez no tiene valor alguno es un hecho que ya no admite discusión. Este es el motivo por el que nuestro país se expone a un desafío inédito en el caso de que arranque una legislatura sostenida por formaciones políticas que declaran de forma explícita su intención de quebrar el pacto de convivencia. La amnistía, descrita como ilegal por hasta once ministros y por el propio Sánchez, intenta travestirse ahora como una medida de gracia, cuando ni siquiera cuenta con un apoyo sustantivo no ya entre los españoles, sino entre los propios militantes socialistas. Prueba de ello es que el presidente del Gobierno, tan amigo de los escenarios plebiscitarios propios de otras latitudes, ni siquiera se ha atrevido a consultar con transparencia y sinceridad a su militancia. La amnistía no sólo no encuentra encaje en el marco constitucional, como han acreditado juristas de probado prestigio, sino que resulta esencialmente injusta y dolorosa para los españoles que sí viven con arreglo al ordenamiento jurídico vigente y que vieron conculcados sus derechos por el fanatismo mesiánico del secesionismo catalán.
La humillación a la que el PSOE ha expuesto al Estado de derecho se verá colmada con una ley de amnistía que probablemente incluirá delitos tan execrables como los de corrupción o terrorismo. La ausencia de cualquier límite hace imposible ya la sorpresa. El registro de la ley de amnistía certificará de una vez por todas la demolición de los valores que convirtieron al PSOE en un agente esencial del pacto constituyente. En este nuevo contexto, el papel de la oposición, provista de un notable poder territorial, resultará imprescindible para proteger a nuestro Estado de derecho. Pero no sólo, el entramado de instituciones democráticas que todavía no han sido intervenidas por el Ejecutivo están llamadas a confrontar una circunstancia crítica para la igualdad entre españoles. Nos esperan semanas infamantes, pero España tiene recursos institucionales suficientes para afrontar un desafío que, desafortunadamente, está ya protagonizado por un partido que hasta hace muy poco ejerció responsablemente un papel protagonista en la democratización de nuestro país.
ABC