Debo empezar aclarando que esa misma solicitud la había formulado mi grupo en varias de las reuniones de la Comisión de Hacienda, verbalmente. También debo dejar claro que no hay nada más lejos de mi intención que cuestionar la honorabilidad ni la capacitación profesional del Secretario Municipal.
Vayamos por partes:
1.- La importancia de los procedimientos judiciales en la medida que suponen contingencias económicas relevantes: En cualquier procedimiento judicial se ventilan cuestiones que, directa o indirectamente, tienen repercusión económica. Muchos de estos pleitos, posiblemente, lo sean por cuantía o por cuestiones de poca importancia. Pero en otros la cuantía es elevada o muy elevada.
En mi grupo pensamos que esta es la primera razón por la que se debe conocer la relación de procedimientos judiciales, su estado de tramitación, cuantía en juego, honorarios profesionales, etc, pues tanto la Cuenta General (ahora estamos a punto de formular la de 2011) como los Presupuestos (estamos a punto de iniciar la tramitación de los del 2012), deben contener una serie de cifras y datos relacionados necesariamente con los asuntos donde el Ayuntamiento se juega los cuartos.
2.- La cuestión relativa a la persona que debe defender, como Letrado, los intereses del Ayuntamiento: Ya en la anterior legislatura se cuestionó la conveniencia de que sea el propio Secretario Municipal el Letrado director de los procedimientos judiciales que afectan al Ayuntamiento. Algunos pensaban que existiría algún tipo de incompatibilidad, pero he de decir que, según fuentes jurídicas que me merecen suficiente solvencia, no hay nada que impida al Secretario Municipal ejercer, además, como Abogado del Ayuntamiento.
Ahora bien, según las mismas fuentes, sus retribuciones no pueden ser las mismas que las de un Abogado externo contratado, pues defender jurídicamente al Ayuntamiento forma parte de las funciones ordinarias de cualquier Secretario Municipal. Y aquí radica uno de los problemas, pues desconocemos qué tipo de acuerdos han sido adoptados al respecto entre el equipo de gobierno y el Secretario.
Este es otro motivo de preocupación para los grupos de la oposición. Personalmente, opino que por cada asunto judicial encomendado al Secretario debería existir algún tipo de contrato o, por lo menos, de presupuesto de honorarios cerrado, con indicación de la forma de pago de dichos honorarios. Por lo menos, esta forma de proceder es la que recomiendan desde todos los Colegios de Abogados de España, idónea para evitar discusiones posteriores entre cliente y abogado.
Siento haberme extendido en la explicación, pero he considerado necesario dar los detalles acerca del sentido de la solicitud que hemos realizado, pues hay en juego mucho dinero público.