El conflicto surgió cuando el Juzgado Octavo de Distrito impuso multas a las integrantes de la Directiva el 28 de marzo de 2023. En respuesta, el Congreso del Estado presentó un recurso de queja, alegando que el Juzgado actuó de manera ilegal al no especificar claramente las atribuciones y responsabilidades de cada diputada integrante.
El Segundo Tribunal Colegiado, después de revisar el caso, encontró fundamento en la queja presentada por el Congreso y declaró la insubsistencia de las multas, citando que las acciones del Juzgado Octavo de Distrito fueron genéricas y no aclararon lo que correspondía legalmente a cada una de las diputadas.
Segovia Colunga expresó su satisfacción con la decisión, subrayando que la resolución valida las preocupaciones del Congreso del Estado sobre la falta de claridad y justificación en las multas. Aseguró que la resolución confirma que no había una base sólida para imponer sanciones económicas, especialmente sin especificar las acciones de las legisladoras involucradas en el juicio de amparo promovido por la ex magistrada González Reyes.
Con esta resolución, se espera que se establezca un precedente claro sobre la importancia de la transparencia y la especificidad en las decisiones judiciales, asegurando que las responsabilidades y acciones se identifiquen claramente antes de tomar medidas sancionadoras.