Esta nueva iniciativa, también impulsada por la Senadora Nacional Lucila Crexell, del MPN, avanza en instrucciones concretas a la AFIP para que además de la postergación de vencimientos (estimados en 600 millones de pesos para este año), se suspendan los juicios de ejecución fiscal “y cualquier medida preventiva para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social”.
Tal vez el elemento más innovador, en el marco de las tratativas con los principales actores de estas economías regionales, es que se autoriza a la AFIP no solo a postergar vencimientos, sino que además deberá establecer planes de pago para deudas ya vencidas y las que se generen antes del 31 de mayo de 2018.
Crexell, una vez concluida la votación manifestó que “primó un sentido de solidaridad” entre representantes de las distintas bancadas con economías regionales que están al límite de la subsistencia.
“Frente a cierta demora de la AFIP de lanzar la postergación y la refinanciación de obligaciones, lo que hicimos fue elaborar una nueva herramienta que le establece a la autoridad recaudatoria los pasos que debe dar”, explicó la Senadora del Neuquén.
Hay una ventaja adicional para los más pequeños eslabones de estas cadenas económicas, que consiste en otorgar a quienes facturen menos de 7 millones de pesos al año, poner bajo régimen de facilidades de pago sus obligaciones que aún no hayan vencido. Deberán afrontar un interés del 1% mensual y contarán con 90 cuotas mensuales. Eso sí, todo plan de financiación de obligaciones vencidas comenzará a regir una vez concluida la emergencia ya aprobada. Según la Ley, la emergencia tendrá una duración de 365, prorrogable por un período similar.