Corría la primera semana de mayo. Juan Ignacio Zoido estaba inmerso en plena campaña electoral de cara a las municipales que, apenas dos semanas después, le auparían de manera vertiginosa a la alcaldía de Sevilla.
Las encuestas ya vaticinaban entonces la victoria del Partido Popular rozando la mayoría absoluta, sin embargo no la garantizaban y había un pequeño resquicio para la duda. Un porcentaje demasiado elevado de indecisos reflejaba que un buen número de votos todavía no tenían el destino decidido.
Zoido lanzó a través de los medios una propuesta que muchos interpretaron como un signo de nerviosismo: pedir a sus oponentes el compromiso de dejar gobernar a la lista más votada en los comicios.
Por aquel entonces, el hoy alcalde mantenía un ritmo frenético en Twitter y respondía a todos los twitts que le enviaban los ciudadanos con bastante prontitud. Era el apogeo de la denominada en su día batalla electoral 2.0.
Este periodista le envío una propuesta en respuesta a su petición utilizando la popular red social. “Además de lo de la lista más votada, por qué no un acuerdo para que se respete la libertad de expresión en el ámbito municipal”, escribí. El motivo no era otro que ya por aquellas fechas tenía sobre mis espaldas el expediente disciplinario que el gerente de Tussam, Carlos Arizaga, había decidido incoarme porque no le gustaban las críticas que sobre su gestión al frente de la empresa vertía en este blog.
La respuesta de Zoido no se hizo esperar. “En los últimos años los sevillanos se han visto privados de algunos de los derechos más fundamentales de cualquier democracia”, respondió. Era un rayo de esperanza de que los abusos cometidos por el gobierno anterior podían tener visos de solución si él lograba hacerse con la alcaldía de la ciudad. Si a ello le añadimos su reiterada afirmación de que gobernaría para todos los sevillanos, había motivos más que suficientes para estar tranquilos.
Juan Ignacio Zoido lleva más de un mes al frente de los designios de Sevilla. El hoy alcalde, como es obvio, ya no puede responder a los twitts con la misma celeridad que antes, apenas usa Twitter como no sea para hacer pública alguna actividad en la que se encuentra inmerso. Me imagino que la falta de tiempo le obliga a ello.
Lo que ese momento era una amenaza hoy se ha convertido en una sanción en toda regla; nueve meses de empleo y sueldo por hacer uso de mi libertad de expresión y del derecho a la información que me asiste como periodista. Uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución de este país, uno de aquellos de los que Zoido se quejaba que se habían visto privados los sevillanos con el anterior gobierno y que él se encargaría de restituir en cuanto tuviese oportunidad.
No hace todavía un mes escribí en este mismo blog que es un buen precepto para un mandatario comenzar cumpliendo la palabra dada. Me refería al nuevo alcalde y a su actitud para con los eventuales de Tussam acampados en Plaza Nueva. A Zoido le faltó tiempo para cumplir con la palabra comprometida. Fue un buen inicio.
Treinta y ocho días después de su toma de posesión como alcalde de la ciudad, este periodista todavía está esperando que Juan Ignacio Zoido se pronuncie sobre si está de acuerdo o no con lo que considero una vulneración intolerable de mis derechos constitucionales. Él, como alcalde, es el máximo responsable de lo que está ocurriendo en Tussam. Allí se está persiguiendo la libertad de expresión, utilizando el poder conferido para acallar una voz incómoda mediante un doloroso castigo a su familia.
Los medios de comunicación se han hecho amplio eco del conflicto, pero se sigue echando en falta la voz de Zoido, el máximo mandatario de esta ciudad, sobre un problema que a día de hoy está bajo su responsabilidad directa. Él, y nadie más, tiene la última palabra.