Los peores pronósticos se han cumplido. El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta de las instituciones a Bildu y la decisión última sobre esta coalición queda ahora en manos del Tribunal Constitucional. La ilegalización de Sortu, primero, y la impugnación de Bildu, ahora, están dividiendo a la justicia y el mérito de este hecho se le debe atribuir al PSOE y al PP. Los Tribunales españoles responden a consignas políticas y todas sus decisiones están mediatizadas por los intereses y estrategias de quienes les nombran. Bildu tiene pleno derecho a presentarse a las elecciones y nadie en su sano juicio puede poner en duda el compromiso democrático de Eusko Alkartasuna y Alternatiba. Bildu es un activo para la paz, en la medida en la que sus promotores, incluidas las personas independientes próximas a la izquierda abertzale, rechazan la violencia y apuestan por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Vivimos un escenario de alto el fuego general, permanente y verificable, en el que por primera vez la izquierda abertzale marca la agenda a ETA, y lejos de impulsar este proceso PSOE y PP ponen piedras en el camino. Es obvio que tienen miedo al diálogo y no quieren que la ciudadanía vasca habla en las urnas y menos aún que decida su futuro.