La decisión del Tribunal Supremo, contraria a la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, constituye, a mi juicio, una mala noticia y lesiona, en gran medida, la confianza de la ciudadanía en la justicia y en la democracia. Sortu cumple escrupulosamente la ley de partidos políticos y por tanto no hay ninguna razón legal que impida su legalización. Entiendo que el Tribunal Supremo esté dividido en torno a esta cuestión y creo que el Tribunal Constitucional también tendrá serias dificultades para avalar una medida arbitraria, basada en sospechas y meras deducciones, en lugar de hacerlo en hechos objetivos y contrastables. Tal vez por ello, el Tribunal Constitucional dilate en el tiempo su dictamen y no se pronuncie hasta después de las elecciones. Mientras tanto, Sortu ya tiene en marcha su plan B y con seguridad estará en la cita con las urnas, aunque sea bajo otras siglas o en foma de agrupaciones. ¡Qué país!