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La desfachatez del Estado, sus funcionarios y los gobernantes no tiene límites. No se conforman con manipular a los ciudadanos corrientes e indefensos frente al sistema. El abuso estatal va mucho más allá de eso. Si uno de los muchos métodos de expolio de nuestro sistema de impuestos está funcionando bien, siempre encuentran la manera de que aún funcione mejor. Mejor para los recaudadores, pero peor para quien paga.
Personalmente, me declaro antitabaco. Aborrezco la idea de que alguien pueda enriquecerse vendiendo un producto cuyo consumo es absolutamente nocivo-además de adictivo-y no trae ningún beneficio a la salud del consumidor.
Precisamente por eso he participado durante los pasados veinte años en algunos debates en los que mi postura frente al tabaco siempre ha sido radical. No se trata de que yo prohibiera fumar a los fumadores. Ese no es realmente el problema. El problema, que muchos fumadores no quieren ver y aquellos que dicen defender la libertad y me acusan de ser un mal liberal por “prohibicionista” dejan de lado, es que las autoridades de cualquier país permitan el consumo de un producto que arruinará la salud de millones de sus ciudadanos, provocando ingentes costes a los sistemas sanitarios nacionales.
En no pocas ocasiones he puesto el mismo ejemplo en esos debates. Imaginemos a cualquier persona que se instala en el bulevar de la Gran Vía de Zaragoza, despliega una mesa y se pone a vender bocadillos hechos en su casa. No pasará un cuarto de hora sin que se presente agentes de la autoridad a confiscarle sus bocadillos y a notificarle la correspondiente sanción por falta contra la salud pública y por carecer de los correspondientes permisos para vender productos perecederos. Sin embargo, ese mismo Estado que ha desmontado el ínfimo negocio de bocadillos al anterior sujeto, se permite vender y fomentar la venta de un producto como el tabaco, absolutamente letal, pero jugosamente rentable.
Y tan rentable. Según el informe publicado por eleconomista.es el 26 de febrero de 2018, el sector del tabaco es el que mayor carga fiscal soporta, y es a su vez el quinto sector que más contribuye en impuestos, con algo más de 9.000 millones de €. Dudo mucho que semejante recaudación pueda cubrir los daños que el tabaco provoca en la salud de millones de españoles y los consiguientes gastos por cada enfermo tratado por patologías derivadas de suconsumo. Y sin embargo, aún me parece más absurda la pirueta moral de este Estado que, con una mano nos vende un producto reconocidamente nocivo, y con otra nos presenta de vez en cuando alguna campaña para concienciarnos de la insalubridad de lo que vende.
El último anuncio para televisión que está apareciendo en la mayoría de canales es muy claro. El tabaco ata y mata. Nada que objetar. Pero yo añadiría una tercera parte a esas dos. El tabaco fríe al consumidor a impuestos a la vez que le envenena. Ni la venta ni la ganancia de semejante producto se justifican en absoluto. Pero ahí reside la hipocresía del Estado. De éste y de todos. En que vende sustancias tóxicas y adictivas mientras nos aconseja no consumirlas. Una triste realidad que cuenta con la disculpa de muchos.
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