El monarca saudí, Abdullah Al Saud, afianzará su poder con la nueva ley antiterrorista, según denuncian diversas ONG / MARWAN NAAMANI/AFP
Desde tiempos inmemoriales, los regímenes más o menos autoritarios de todo el mundo han intentado reprimir, mediante la fuerza o mediante la ley, todo tipo de manifestaciones críticas con sus gobernantes y sus formas de gobernar. Siempre se ha estilado que cuando uno quiere afianzarse en el poder a toda costa, más le vale no acumular detractores, a pesar de que éstos representen el símbolo más que evidente de la democracia de un país. Siglos después, la historia se repite. Arabia Saudí ha aprobado una ley antiterrorista que servirá como instrumento de represión para las protestas pacíficas y las críticas al régimen, según denuncian varias ONG internacionales. Bajo la baza del terrorismo, el monarca Abdullah Al Saud criminaliza las protestas de los disidentes y da vía libre a la violación sistemática de los Derechos Humanos.
La “Ley sobre Delitos de Terrorismo y su Financiación” supone un instrumento del régimen para legalizar diversas formas de represión de los detenidos, otorgando “atribuciones adicionales” al Ministerio del Interior, según denuncia Amnistía Internacional (AI), por encima de la ley judicial actual. La misma organización asegura que, cuando en 2011 se filtró un primer borrador de la ley, las autoridades saudíes le aseguraron que “sólo era una borrador” y que no tenían la menor intención de utilizarla como instrumento de represión. Finalmente la ley ha entrado en vigor, considerando como terrorismo los actos que lleven a “perturbar el orden público del Estado” o “dañar la reputación del Estado o su posición”, entre otros, cargos que AI asegura fueron utilizados contra “casi todos los defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil” detenidos y procesados en el país el año pasado. Por ello, la ONG denuncia que una definición “tan amplia” del término terrorismo da rienda suelta a la detención e imposición de duras penas (incluida la pena capital) a todos aquellos que se manifiesten de manera pacífica en defensa de los Derechos Humanos.
Human Rights Watch (HRW), por su parte, señala que la nueva ley saudí contra el terrorismo elimina el derecho a que los acusados tengan un juicio justo en favor de una mayor actuación policial. Y por si a alguien le quedase alguna duda de que esta ley es una excusa para afianzar a Al Saud en el poder y silenciar las críticas, HRW subraya que la definición de terrorismo de esta nueva ley no se centra en acepciones básicas que sí abarcan otros países, como “violencia y actos destinados a sembrar el terror en la población civil”, sino en ”atentar contra los intereses del reino, su economía o su seguridad nacional o social”, extendiéndola, además, a los ciudadanos saudíes en el extranjero. El director adjunto del programa de Oriente Medio de la organización advierte que esta ley ”envía un mensaje escalofriante no sólo a los activistas saudíes sobre el terreno, sino también a los periodistas y a las organizaciones internacionales en el extranjero que velan por los derechos humanos en Arabia Saudí, ya que podrían ser objeto de enjuiciamiento”.
En un país gobernado por una monarquía autoritaria, donde a sus mujeres no les está permitido conducir y las violaciones de los derechos humanos están a la orden del día, donde se criminaliza y expulsa masivamente a los inmigrantes etíopes, que lucha con todo su arsenal de batalla por desarrollar un papel hegemónico en el arbitraje del conflictivo Oriente Medio y, sobre todo, donde la estabilidad del régimen se tambalea cada vez que alguien pronuncia el nombre de Al Qaeda; mediante una ley inhumana, el terrorismo, su máximo miedo, se ha convertido en su máxima baza.
CLÁUDIA MORÁN
@claudiamm2