Las reformas que nos permitirían desarrollarnos más rápido han sido pospuestas una y otra vez: no existen las condiciones para su aprobación, nos ha dicho infinidad de veces nuestra clase política.
Más allá de las razones, lo cierto es que el tiempo se nos acaba –y en algunos casos ya se nos acabó–. Lo de estar gestionando los asuntos del día a día ya no es suficiente. A fuerza de ir posponiendo los cambios necesarios, hemos generado una serie de bombas de tiempo que pronto nos van a estallar en la cara.
El tema de las pensiones es un ejemplo de ello. Los sistemas actuales carecen de los fondos necesarios para su funcionamiento a mediano plazo. La deuda acumulada es de entre el 104 y el 126 por ciento del PIB, según la fuente consultada. Habrá que desviar dinero del presupuesto que podríamos destinar a otras prioridades. De hecho, en 2012 ya estamos dedicando 400 mil millones de pesos para el pago de dichas pensiones: 14 veces lo que recibe la UNAM u ocho años del programa de combate a la pobreza Oportunidades.
En México existen todavía 105 sistemas de pensiones diferentes: IMSS, ISSSTE, Pemex, gobiernos estatales, universidades públicas y un largo etcétera. En algunos estados, por ejemplo, se calcula que de no hacerse ninguna reforma, el gobierno deberá invertir el 60 por ciento de la nómina en este rubro.
El problema es que las pensiones no sólo son para quienes ya trabajaron toda su vida, están inválidos o enfrentan algún tipo de incapacidad. Muchas de estas prestaciones benefician, por ejemplo, a burócratas que se jubilaron a los 45 años de edad. De ahí que hoy tengamos una carga financiera de ese tamaño. El esquema actual es insostenible.
Si la administración entrante no hace una reforma profunda de todo el sistema, en los próximos 30 años va a ser muy difícil poder pagar las pensiones y las vamos a tener que financiar entre todos, a través del presupuesto público.
Este es sólo un caso. Podríamos citar la quiebra técnica y financiera en la que se encuentra el IMSS (para 2018 se calcula que tendrá un déficit mayor a los 36 mil millones de pesos), el declive de la producción petrolera (la cual financia buena parte del presupuesto público) o la falta de servicios de salud o educación para un sector importante de los mexicanos.
Insisto: en el futuro cercano tendremos que hacer frente a una serie de compromisos que no podremos pagar fácilmente, a menos que realicemos las reformas por tanto tiempo pospuestas.
De ese tamaño es el reto que enfrenta el próximo gobierno de este país.
Publicado en SinEmbargo.mx, 9 de julio de 2012