El sábado durante un acto junto al candidato socialista a la alcaldía, Juan Espadas, y el diputado por Sevilla, Alfonso Guerra, la secretaria de organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, volvió a reivindicar la postura colaboracionista de la Junta de Andalucía con la Justicia por el caso de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE financiados por la Consejería de Empleo. “Nadie puede cuestionar que la Junta está colaborando en la investigación de los ERE”, afirmó.
Pero resulta que sí, que hay alguien que no sólo lo cuestiona, sino que incluso lo critica muy seriamente. Y ese alguien no es otra que la juez encargada de juzgar el caso, Mercedes Alaya. Lo que comenzó siendo una alabanza permanente a la transparencia de la Junta, a la hora de prestar colaboración a la instructora que lleva el caso, se ha convertido en un enfrentamiento abierto de la administración autonómica con el poder judicial.
A raíz de que Mercedes Alaya decidiera solicitar a la Junta las actas de los consejos de gobierno celebrados desde 2001 a 2010, el tira y afloja entre el gobierno autonómico y la instructora del caso amenaza con convertirse en un culebrón. La Junta se ha negado reiteradamente porentender ilegal la petición, ya que considera dichos documentos como secretos, mientras que la juez sostiene que sólo las deliberaciones y las votaciones lo son, no así los acuerdos alcanzados.
Hoy la administración ha vuelto a negarse a remitir los documentos a la justicia, ha ofrecido entregar las certificaciones de los acuerdos relevantes y ha comunicado que planteará un requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Supremo si no se acepta esta alternativa. Los socialistas temen que el caso termine derivando en una causa general contra el PSOE.
Alaya sospecha que José Antonio Griñán, actual Presidente de la Junta de Andalucía y por entonces consejero de Economía y Hacienda, estaba al corriente de los informes de la Intervención que advertían de las irregularidades del procedimiento. El tiro por tanto apunta al Gobierno Andaluz y hace planear sobre él la sombra alargada de la prevaricación.
Mercedes Alaya no se fía de nadie en el tema de los ERE. No ha permitido que intervenga la Inspección de Trabajo en el análisis de la documentación remitida por la administración y ha conseguido que la Junta de Jueces de Instrucción la excluya del reparto de asuntosdurante seis meses, para poder dedicarse a fondo a la causa.
Las consecuencias políticas de este rifirrafe son incalculables en las fechas preelectorales en las que nos encontramos. La oposición no desaprovecha el armamento de grueso calibre que la jueza está proporcionando, mientras el PSOE cierra filas y aún no se han depurado las responsabilidades políticas que a todas luces se desprenden de este engorroso caso.
Los socialistas creen que la juez se está excediendo en sus funciones y está jugando con la prevaricación, pero el precio a pagar puede ser muy alto. Sobre todo porque la forma de llevar el asunto de cara a la opinión pública no ha sido la más idónea. Cada día cuesta más trabajo entender que este escándalo se haya estado produciendo en sus narices durante diez años y nadie se haya percatado.