El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra la ley catalana que prohíbe el ‘#fracking‘, es decir, la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica, por lo que la normativa ha quedado suspendida de manera temporal, por un plazo máximo de cinco meses. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de octubre la presentación del recurso alegando que esta regulación es competencia del estado y recordando que la normativa básica ‘permite la fractura hidráulica y garantiza, al mismo tiempo, los valores medioambientales’. Por su parte, el gobierno catalán vio la impugnación como un ataque al autogobierno y a la posibilidad de hacer una política energética propia.
La normativa catalana que de momento está suspendidadetalla que la fracturación hidráulica no está permitida ‘cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona‘. Concretamente, se trata del artículo 167.1 y las disposiciones transitorias 5ª y 8ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos -Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña-.
La respuesta inmediata de #catalunya
El secretario de Empresa de la Generalitat, Pere Torres, ha asegurado que el gobierno catalán no permitirá el uso de la tecnología del ‘fracking’ en su territorio, a pesar de que #el tribunal constitucional (TC) haya suspendido provisionalmente la ley que lo prohíbe.
Pere Torres ha dicho que “si no es con esta ley, el gobierno de Catalunya ya encontrará cualquier otro instrumento que permita prohibir el ‘fracking’, caso por caso si fuera necesario“.
El secretario de Empresa y Competitividad ha criticado que el Gobierno recurra ante el TC “cualquier iniciativa que tome la Generalitat para intentar conformar un modelo que sea propio del país”, como ha sucedido con la prohibición del ‘fracking’ o con el decreto de pobreza energética.