El Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero viene a reconocer el fracaso de la últimas reformas en el sector eléctrico señalando eufemísticamente que en los últimos años, la evolución expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico ha venido provocando la aparición de desajustes entre dichos costes y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados.El diagnóstico de la situación lo fundamenta la norma en tres factores:1.- Un mayor crecimiento del coste del régimen especial por un incremento en las horas de funcionamiento superior a las previstas.2.- Un incremento de los valores retributivos por su indexación a la cotización del Brent.3.- Una minoración de los ingresos por peajes por una caída de la demanda muy acusada que se consolida para este ejercicio. Es decir que el llamado déficit tarifario se ha incrementado en 2012 y continuará creciendo; por el coste de las energías “verdes”; por la subida en la cotización del Brent, aun cuando ésta se encuentra amortizada por la depreciación en estos últimos años del dólar frente al euro, lo que por otra parte penaliza nuestras exportaciones; y por la preocupante caída de la demanda interna de energía que pone en evidencia la gravedad de nuestra crisis.El Real Decreto-Ley renuncia atajar la desviación tarifaria con un nuevo incremento de los peajes de acceso que pagan los consumidores eléctricos, porque afectaría de manera directa a las economías domésticas y a la competitividad de las empresas, ambas en una delicadísima situación dada la actual coyuntura económica. Añade además que con efectos desde el 1 de enero de 2013, en todas las metodologías que, estando vinculadas al Índice de Precios de Consumo, rigen la actualización de las retribuciones, tarifas y primas que perciban los sujetos del sistema eléctrico por aplicación de la normativa sectorial, se sustituirá dicho índice por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Esta medida puede cifrar el ahorro en la factura del consumidor en torno a un 3%. Sin embargo los problemas del sector eléctrico, esencial para nuestra economía, siguen sin abordarse en profundidad y las medidas de este Real Decreto Ley apenas conseguirán una momentánea calma similar a la del agua instantes antes de alcanzar su punto de ebullición.
El Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero viene a reconocer el fracaso de la últimas reformas en el sector eléctrico señalando eufemísticamente que en los últimos años, la evolución expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico ha venido provocando la aparición de desajustes entre dichos costes y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados.El diagnóstico de la situación lo fundamenta la norma en tres factores:1.- Un mayor crecimiento del coste del régimen especial por un incremento en las horas de funcionamiento superior a las previstas.2.- Un incremento de los valores retributivos por su indexación a la cotización del Brent.3.- Una minoración de los ingresos por peajes por una caída de la demanda muy acusada que se consolida para este ejercicio. Es decir que el llamado déficit tarifario se ha incrementado en 2012 y continuará creciendo; por el coste de las energías “verdes”; por la subida en la cotización del Brent, aun cuando ésta se encuentra amortizada por la depreciación en estos últimos años del dólar frente al euro, lo que por otra parte penaliza nuestras exportaciones; y por la preocupante caída de la demanda interna de energía que pone en evidencia la gravedad de nuestra crisis.El Real Decreto-Ley renuncia atajar la desviación tarifaria con un nuevo incremento de los peajes de acceso que pagan los consumidores eléctricos, porque afectaría de manera directa a las economías domésticas y a la competitividad de las empresas, ambas en una delicadísima situación dada la actual coyuntura económica. Añade además que con efectos desde el 1 de enero de 2013, en todas las metodologías que, estando vinculadas al Índice de Precios de Consumo, rigen la actualización de las retribuciones, tarifas y primas que perciban los sujetos del sistema eléctrico por aplicación de la normativa sectorial, se sustituirá dicho índice por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Esta medida puede cifrar el ahorro en la factura del consumidor en torno a un 3%. Sin embargo los problemas del sector eléctrico, esencial para nuestra economía, siguen sin abordarse en profundidad y las medidas de este Real Decreto Ley apenas conseguirán una momentánea calma similar a la del agua instantes antes de alcanzar su punto de ebullición.