El verdadero rostro aterrador de los partidos políticos españoles

Los principales partidos políticos españoles, a pesar de que cada día son más rechazados por los ciudadanos y que la supresión de las subvenciones públicas que reciben se ha convertido en un verdadero clamor popular, siguen blindándose, recibiendo dinero público de manera masiva, negándose a ser controlados y aprobando en las Cortes quedar fuera de la Ley de Transparencia, toda una vergüenza que denota la verdadera alma negra de esas agrupaciones políticas, que según muchos analistas y expertos han acumulado pruebas y "méritos" suficientes para ser juzgadas como "asociaciones de maleantes" y disueltas por su peligrosidad.

El gobierno vende la idea de que ha reducido las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales en un 20 por ciento, pero la verdad es otra: olvidan decir que tales subvenciones subieron bastante por encima del IPC en 2007-2011 y que la parte que se va a reducir un 20%, unos 70 millones de euros, solo es un tercio de las subvenciones que reciben. Sin embargo, la Ley no pone límite a las subvenciones que recibirán por la representación autonómica y local, que suponen más de 130 millones de euros anualmente.

El Proyecto de ley del gobierno propone que en 2012 los partidos reciban 65,8 millones de euros para sus gastos de funcionamiento y 3,38 millones para cubrir gastos de seguridad (69,18 millones en total).

En los recientes debates celebrados en el Congreso sobre las subvenciones a los partidos políticos, el PSOE, de manera vergonzosa, en lugar de solidarizarse con los recortes y la profunda austeridad que afecta a la ciudadanía, pidió aumentar el dinero público que se entrega a los partidos y, concretamente, propone que el Estado vuelva a las subvenciones de 2008, 78,1 millones para gastos y 4 millones para seguridad (82 millones en total). Según apunta el diputado Eduardo Madina en una de las dos enmiendas que ha presentado, reducir las subvenciones pondría en peligro ” el desarrollo de las funciones constitucionales que tienen atribuidas” los partidos.

Esa propuesta socialista permitió un debate en el que el PP les recriminó que en las actuales circunstancias, que exigen un esfuerzo común de austeridad y sacrificio, lo que más parece interesar a los socialistas es recibir dinero masivo de las arcas del Estado.

En otro capítulo bochornoso de la actual política española, los partidos políticos acordaron en el Congreso, el pasado 28 de junio, continuar sin supervisión ni control efectivo, sin dar ejemplo de transparencia y sin sacar las cuentas a relucir, ya que, al parecer, hay mucho que esconder. De hecho, los partidos se han quedado fuera de la ley de transparencia, un asunto de indecencia mayúscula y de grave déficit democrático. Pero todavía es más grave que hayan aprobado que todas las infracciones cometidas por los partidos y sus políticos profesionales prescriban a los 4 años.

Los medios de comunicación españoles, salvo algunas pocas y raras excepciones, no airean estas vergüenzas porque dependen también de los partidos políticos, que les inyectan subvenciones y dinero para publicidad, lo que constituye otro drama antidemocrático que afecta seriamente a la democracia española y a la libertad de los ciudadanos.

Nada dicen, por ejemplo, de que los partidos protagonizan una larga lista de comportamientos reprobables por los que nunca se ven sancionados, entre los que destacan:

- Dejan sin justificar 60 millones en subvenciones públicas, al no entregar la contabilidad de las Corporaciones Locales. Cualquier auditor confirmará la imposibilidad de certificar las cuentas de organización alguna sin ver el 100% de la contabilidad.

- Los partidos pueden recibir donaciones inmobiliarias o en especie sin límite alguno.

- Las entidades de crédito han perdonado cientos de millones de euros a los partidos, sin transparencia ni información, quizás porque esas condonaciones constituyen conductas abyectas y privilegios que rozan el delito.

- Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos son la parte menos transparente de toda la financiación. La Ley les exige aún menos supervisión que a los partidos políticos pese a que sus actividades comerciales reflejan lo interligadas que están ya que las fundaciones preparan actos y transpasan inmuebles a los partidos mientras reciben a cambio subvenciones, créditos y avales. Sin embargo, las fundaciones no pueden ser sancionadas porque no se ha desarrollado su reglamento.

Las discusiones en las Cortes celebradas entre finales de junio y mediados de julio fueron una oportunidad de acabar con comportamientos muy poco éticos (aunque tristemente puedan no ser ilegales) de los partidos políticos españoles, pero al final se quedaron en vulgares discusiones sobre las subvenciones que recibirán.

La triste verdad es que los partidos políticos españoles siguen subvencionándose masiva y generosamente del dinero que los españoles pagan con sus impuestos, que esas subvenciones se entregan a los partidos en contra de la voluntad popular mayoritaria, que reclama suprimirlas, y que los partidos políticos han eliminado y dinamitado todos los controles que la democracia establece para que el poder quede sujeto a la ley y no pueda avanzar por las vías del abuso y la injusticia. También es verdad que no existe voluntad alguna de regeneración en los partidos españoles, que lo primordial para ellos, antes que el bien común, es el poder y el disfrute de sus privilegios, y que esos partidos constituyen hoy el mayor obstáculo para que la democracia española se limpie, se dignifique y el país se convierta en decente.

Muchos de nosotros estamos convencidos de que si los jueces aplicasen la ley con todo rigor, los grandes partidos políticos españoles podrían ser declarados ilegales y un peligro público por albergar en su seno a miles de delincuentes y por amparar, directa o indirectamente, miles de irregularidades y abusos de poder, todas ilícitas, execrables y contrarias a la decencia democrática, pero muchas de ellas también delictivas y suceptibles de ser castigadas con cárcel.