El Presidente Rajoy ha anunciado que pospone la reforma de la Administración Pública hasta el 2014. Mala noticia, y en mi opinión y para mi, cabreante.
Cuando el 20-S se reunieron los Sres. Rajoy y Mas en la Moncloa para romper la baraja, mejor nos habría ido a todos si en vez de perder el tiempo en algo que ambos sabían que no saldría bien y que supuso un error del Sr. Rajoy en la misma reunión y otro por parte del Sr. Mas por el proceso que inició a continuación, hubiesen hablado de la reforma de la Administración Pública, porque ese es un asunto en que ambos se comprometieron a efectuar una reforma a fondo y los dos han fallado estrepitosamente, el Sr. Rajoy lo pospone y el Sr. Mas ya ni se sabe el tiempo transcurrido desde la última vez en que se refirió a esta promesa electoral (promesa de las elecciones de 2010, y de las últimas).
Hace tiempo, desde que se empezó a hablar de recortes a finales del 2009, que opino que solo lo que nos ahorraríamos luchando en serio contra la corrupción y acabando con la extremada ineficacia de la Administración Pública probablemente no sería suficiente para solucionar todos nuestros problemas financieros, pero sería el mayor y mejor elemento para conseguirlo, evitando buena parte de los recortes a lo bestia que hemos sufrido, y además ambas acciones nos habrían ayudado de manera sustancial a luchar contra la recesión, al contrario que los recortes.
Está muy claro que la reforma a fondo de la Administración Pública es un empeño muy complejo con el que a ningún político le gustaría tenerse que enfrentar por las razones que describe muy bien el adjunto discurso dibujado de Batllori que publicó en La Vanguardia del lunes 10 acompañando la noticia del aplazamiento de la reforma, pero ya no puede aplazarse más si este país quiere dejar de correr el riesgo de caer en una especie de túnel del tiempo varias décadas para atrás.
En mi opinión precisamente porque es un proceso complejo que va a tardar tiempo en madurar debía haberse iniciado al menos al mismo tiempo que los recortes, si no antes, entre otras razones porque estoy convencido que si la reforma de la Administración Pública se hace medianamente bien, cosa que está por ver, podría haber atemperado algunos de los recortes, como los referidos a educación e investigación (que sufre un recorte del 80% en 2013) que realmente ponen los pelos de punta y como muchos expertos opinan, de mantenerse durante más de un año o dos podrían causar un daño irreparable a nuestro futuro económico, técnico y científico.
En vez de eso, el Sr. Rajoy retrasa la reforma por segunda vez, y en esta ocasión más de un año, cuando en el mes de octubre anunciaron a bombo y platillo que se iniciaba una auditoría que duraría 8 meses para detectar duplicidades en la Administración Pública, que ya entonces me sonó a excusa para retrasar el inicio de la reforma, y este nuevo aplazamiento me suena ahora a intento de evitar la reforma. No hacerla vaya. Mientras, el Sr. Mas no ha vuelto a referirse a la reforma de la Administración catalana, con iguales o peores defectos que la central, desde que lo prometió en las elecciones de 2010, posiblemente porque desde entonces ha estado ocupado en cosas mucho más importantes como para preocuparse por promesas olvidables.
Hace muchos años que pienso que una de las mejores inversiones que los españoles podríamos hacer es contratar a los mejores expertos del mundo en eficiencia empresarial para que reorganizasen nuestra Administración Pública, pero desgraciadamente esto es ciencia ficción.
La verdad es que no creo que en España sobren muchos funcionarios, al menos de los de a pie, lo que ocurre es que están mal repartidos y en un extremo los hay que no dan golpe y en el otro están tan superados que no podrían cumplir con su trabajo ni con semanas de 15 días. Probablemente es una cuestión de desastre administrativo.
Donde sí creo que sobran funcionarios, y muchos, es en los niveles elevados de remuneración, altos funcionarios, técnicos, expertos, asesores, muchos de ellos por designación directa, y no digamos diputados de todos los colores y todos los parlamentos, que sobran más de la mitad.
También hay mucho a recortar en cuestiones estructurales y en gastos superfluos, entre los que, por supuesto están las famosas duplicidades que tantos dolores de cabeza van a dar a quien se atreva con ellas. Por culpa de los recortes practicados por el Sr. Cameron y de la gran liquidación de coches oficiales que hizo hace un año, en el Reino Unido hay viceministros que van al despacho en metro. Aquí deberíamos al menos acercarnos a ese extremo.
Lo malo es que, incluso cumpliendo lo que he comentado hasta ahora, en ningún caso creo que ni un solo político se atreva con un elemento clave para dejar atrás una Administración Pública del siglo XIX, me refiero a lo que podríamos denominar el estatuto del ciudadano frente a la Administración, que en nuestro país es simplemente inexistente. Me refiero en primer lugar al derecho que tiene el ciudadano de exigir que con un mínimo de eficacia la Administración le proteja en temas de seguridad, patrimoniales, financieros etc. no solo de delincuentes sino, y en este país sobre todo, de grandes empresas (participaciones preferentes, deuda tarifaria eléctrica, etc.), e incluso de organismos oficiales para evitar o reaccionar adecuadamente en caso de agresión, estafa y cualquier tipo de abuso. En la mayoría de los casos descritos la Administración simplemente no sabe/no contesta y no está. El segundo aspecto de este inexistente estatuto del ciudadano frente a la administración se refiere a su indefensión. Lo mejor para definir esta indefensión es poner un ejemplo que muchos hemos padecido alguna vez de manera directa o indirecta. Me refiero al frecuente caso del error de la Administración Pública que afecta y perjudica gravemente a un ciudadano concreto. Cuando este tipo de errores ocurre en España no basta con denunciarlos, es el ciudadano el que debe llevar a cabo las gestiones necesarias para remediar el error empleando su tiempo y cubriendo de su bolsillo los gastos del procedimiento, para el que lo más frecuente no es solo que la Administración Pública no le de la más mínima facilidad sino que le haga pasar por procedimientos complicados y farragosos para demostrar y rectificar el error. Y si al concluir con éxito la rectificación, en mucho más tiempo del que sería normal, al ciudadano se le ocurriese exigir una compensación por los gastos incurridos y el tiempo empleado y una indemnización por los perjuicios causados probablemente la respuesta sería una serie de sonoras carcajadas, y ni que decir tiene que si la rectificación supone la devolución de importes erróneamente cargados, el plazo para cobrar normalmente es indefinido y muy largo. Resumiendo, si un ciudadano se retrasa en un pago a la Administración el importe sufre un recargo automático del 20% más intereses, si la Administración se retrasa en un pago a un ciudadano no le da ni las gracias por su paciencia.
Dentro de esta poca valoración que el ciudadano tiene frente a la Administración, se podría incluir también la manía de los gestores públicos españoles de transferir a los administrados parte de sus funciones y responsabilidades, que obliga a las empresas a liquidar impuestos y cuotas de la Seguridad Social por cuenta de sus empleados, y que por ejemplo un farmacéutico español haga lo mismo que hacen los del resto del continente y además controle el gasto farmacéutico, la gestión de las recetas de Seguridad Social, financiación incluida, y en Catalunya además sean recaudadores de tasas.