Por Sylvia Ubal
80 millones de litros de agua y 8 toneladas de explosivos diarios dañan el ecosistema
Cientos de conflictos ambientales aquejan a varios gobiernos de Latinoamérica: la devastación de los bosques en el Amazonas, los proyectos de inversión, en especial en megaminería, la contaminación, y la escases del agua son los principales temas, que vienen enfrentando desde Uruguay hasta el Ecuador los cuales han tenido que sostener una serie de dificultades en los temas del Medio Ambiente que se han traducido en fuertes estallidos sociales ante emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas.
Empresas mineras saquean a los países de América Latina con el consentimiento de los gobiernos y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.
Estos empresas están asociados, por vías directas e indirectas, con empresastransnacionales como por ejemplo Chevron, con convenios firmados en Argentina, para explotar hidrocarburos vía fracking en la Patagonia. Brasil con la gran desforestación en la selva amazónica para la explotación de los recursos en la madera El gobierno de Bolivia con carreteras en las tierras bajas tropicales para liberar espacios en la extracción de Mineral de hierro que perforan superficies más grandes que las propias canteras, a los llamados embalses que acumulan las aguas contaminadas un problema crónico en Perú, Bolivia y Chile y en Ecuador y enfrentan múltiples resistencias locales en temas de territorio, minería y aguas.
Organizaciones No Gubernamentales informan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos. La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas niños nacen deformes, brotan úlceras en las retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.
En Uruguay sigue promoviendo la minería a cielo abierto con una “amputación ecológica” con la transformación radical de los ecosistemas originales, de gran extensión y larga permanencia. Es una remoción total del suelo, con todo su perfil orgánico, la flora y fauna que allí se sostiene
Toda esta problemática desemboca en que varios países estén comenzando a subir el umbral del deterioro que están dispuestos a aceptar a cambio de los beneficios económicos de exportar minerales. La novedad es que algunos entienden que esos impactos pasan a ser intolerables y deciden prohibir la minería a gran escala a cielo abierto (por ejemplo, Costa Rica acaba de hacerlo). Es más común que sean las autoridades subnacionales las que están imponiendo moratorias a la minería, como sucede con varios departamentos en Perú o provincias en Argentina. En esos casos el factor clave es que, después de la bonanza de la inversión inicial, son los gobernadores, alcaldes o intendentes los que terminan sufriendo los impactos y el descontento social y, por ello, optan por rechazar nuevos emprendimientos.
En una nota del Economista EDUARDO GUDYNAS dice “Paralelamente, se debaten los aspectos económicos, los que también tienen una cara ambiental. En Uruguay parece estar dándose la curiosa confusión donde se trata el pago por la apropiación del mineral (canon o regalía), como si fuera un impuesto más. Esa es una posición equivocada. El canon minero responde a otra perspectiva conceptual, ya que es un pago que recibe una nación por un desprendimiento neto de un tipo de patrimonio que no es recuperable” y donde los recursos naturales perdidos no se regeneran ni resucitan Por ejemplo, en Perú ya se contabilizan más de 5 mil minas fuera de operación, donde casi el 85% ya no cuentan con propietarios conocidos, y su costo de remediación ambiental puede ser estimado en más de 200 millones de dólares.
En Uruguay existen desde hace mucho tiempo minería a cielo abierto, canteras de extracción de piedras, arena, etc. En general, no se ha realizado el mejor manejo de estas explotaciones.
Si se decide realizar la extracción de minerales como hierro o vanadio que existen en estos suelos, esta debe ser debidamente planificada y con un estricto control estatal. Debe ser una política de Estado y no del Gobierno de turno.
Y el Estado debe realmente tener injerencia y beneficios, la riqueza del subsuelo corresponde al Estado. Pero también se debe tener suma atención en no perjudicar ni a los propietarios de la tierra de la explotación, ni a los propietarios de tierras cercanas a la explotación, ni a los habitantes de la zona de influencia.
Se deberá establecer mecanismos para que el costo del daño de infraestructura nacional (carreteras, caminos vecinales, puentes, etc) esté a cargo de las empresas que realizan dichas explotaciones.
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