La inhabilitación del juez español, Baltasar Garzón, tras investigar las desapariciones durante esas casi cuatro décadas, delitos presuntamente prescritos por la ley de amnistía de 1977, allanó el camino para que la justicia argentina siguiera la causa por estos crímenes, mientras crecen las denuncias y avanzan los procedimientos. En Argentina abogados representantes de familiares y víctimas presentan un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Sevini de Cubría, en el que piden que la magistrada libre órdenes de detención internacional, con el fin de que nueve españoles vinculados con el régimen de Franco sean extraditados e indagados. Se trata de funcionarios, ex jueces y policías acusados de diferentes crímenes. El suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del gobernante Partido Popular, es uno de los acusados. El abogado, Carlos Slepoy, y la abogada, Ana Messuti, señalan que todo comenzó con dos presentaciones particulares en Buenos Aires. Hoy, la querella presentada reúne más de 150 denuncias.
Página/12 tuvo acceso a los datos personales de los nueve funcionaros y a los crímenes imputados. Según este diario argentino, que publicaba el martes, 19 de marzo, una información según la cual Rodolfo Martín Villa (79 años) exministro de Relaciones Sindicales, exsenador por designación real y exdiputado por Madrid, es uno de los citados. “Lo apodaron –escribe Adrán Pérez, autor de la misma– ‘la porra de la Transición’ por su saña en la represión de manifestaciones obreras y estudiantiles, mientras era ministro de Gobernación. Roberto Conesa, conocido por sus brutales prácticas de tortura, estuvo bajo su mando. La Asociación de Víctimas 3 de Marzo del País Vasco lo hace responsable de cinco muertes y más de cien heridos durante un ataque perpetrado en Vitoria en 1976. El suegro de Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina (87), es miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco. Militó en el Frente de Juventudes, brazo del partido fascista. Gobernó Ciudad Real, Burgos y Sevilla y fue vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento hasta poco antes de la muerte de Franco. Se le imputa haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil. Es considerado colaborador necesario de ese crimen….
De esta forma, la causa que ahora se promueve desde Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, va a poner aún más en evidencia a las instituciones y a la Justicia española, que no sólo se niega a juzgar a estos procesados, sino que impide que se lo juzgue desde otro lugar. Ya lo dijo el fiscal Luis Navajas cuando Garzón fue querellado en España por intentar investigar los crímenes del franquismo, y lo repite ahora el abogado argentino. “Esto es una vergüenza muy grande para España, como lo fue para Argentina y Chile en su momento. Lo que está haciendo la Justiciaargentina está ajustado al derecho internacional. Si las extradiciones no se producen, no se podrá entrar al país por la fuerza, pero sí se podrá ejercer una gran presión. Por otro lado, si cualquiera de los nueve acusados sale de España, correría el riesgo de ser detenido por Interpol. Por eso esta acción es parte de un proceso que será largo, pero no deja de ser un eslabón muy importante”.
“Los argentinos tenemos al Che Guevara, a Messi, un papa –bromea el abogado Slepoy, quien recuerda cómo el exjuez Garzón pidió durante años la detención de militares argentinos hasta que le hicieron caso–. Ahora, esperamos tener un juez universal”. En abril, cuando la causa 4591/10 cumpla tres años de iniciada, comenzarán las videoconferencias entre Servini de Cubría y los denunciantes “Mucha gente pregunta por qué acá y no en otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”. Hoy, viernes, Slepoy y el grupo de abogados que lo acompañan realizarán una conferencia de prensa a las 12, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para comentar los avances de la querella.