Los grandes problemas de España no se solucionan y las principales reivindicaciones de los ciudadanos son sistemáticamente ignoradas por la clase política: gigantismo del Estado, castigo ejemplar para los corruptos, mas controles y menos poder para los partidos políticos, instauración de una verdadera democracia, respeto a la independencia de la Justicia, auténtica separación de poderes, más igualdad, trato preferente a los que crean empleo y riqueza, fin del endeudamiento atroz y del despilfarro, suprimir el derroche de las autonomías, mas y mejores servicios públicos, menos ladrones en el poder, y reformas que conduzcan a crear una nación decente y ilusionada, no una cloaca invadida por el desaliento y la podredumbre, como la España del presente.
Las urnas se abren, una y otra vez, no para elegir a nuestros representantes sino para refrendar unas listas de candidatos cuyos componentes han sido colocados en ellas por los jefes de los partidos, no por los votantes. Los candidatos no representan a los electores ni a la sociedad civil, sino a una oligarquía política que ha suprimido la representación política de los gobernados.
No votamos a los representantes del pueblo o de la sociedad sino a meros delegados de los partidos estatales.
Todos, gobernantes y gobernados, con la ayuda valiosa de los medios de comunicación sometidos y con el silencio cómplice de miles de intelectuales y personas lúcidas que ven el desastre, apuntalan la colosal mentira de llamar elecciones generales a ese colosal engaño, de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos, de llamar separación de poderes a la mera separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido y de llamar democracia representativa a esta degenerada oligarquía estatal.
Más de 200 diputados tienen asegurado el escaño antes siquiera de que se vote y da igual que sean unos ignorantes o unos corruptos, pues los electores ni les conocen. Es una farsa electoral porque quienes piden nuestro voto van a gobernar sin tener en cuenta la voluntad popular. Nos aplastarán con impuestos, se subirán los sueldos, mantendrán la locura de las autonomías, endeudarán todavía más el país, despilfarrarán, se financiarán con el dinero de nuestros impuestos, nombraran jueces y no establecerán los castigos que el pueblo desea para cortar la corrupción.
La historia está demostrando que los españoles no tenemos remedio y que el ‘vivan las cadenas’ sigue vigente y con magnífica salud.
La democracia, en su esencia, consiste en un sistema de controles ideado para frenar al gobierno y a la acumulación de poder por los políticos y sus partidos. Esos controles no existen en España, donde la falsa democracia carece de frenos y contrapesos.
Aunque los españoles más conscientes y decentes se abstengan o protesten con votos en blanco y votos nulos, los partidos, por mucho que roben y fracasen, tienen asegurados más de 16 millones de votantes, suficientemente sometidos para sancionar con su voto a personas que nada tienen que ver con la democracia real y que jamás responderán o rendirán cuentas a sus electores porque saben que dependen de sus partidos, a los que sirven con un sometimiento vergonzoso, renunciando a la libertad de palabra y de conciencia en aras de sus carreras políticas, bien remuneradas y cargadas de privilegios.
Aunque no nos guste oirlo, votar a los que han saqueado, robado, endeudado al país hasta la locura, despilfarrado y construido un Estado desigual, hipertrofiado, incosteable, injusto y desprestigiado, es un verdadero pecado y una barbaridad que nos degrada como seres humanos libres.
Francisco Rubiales