La plataforma Avaaz ha lanzado una campaña internacional de firma de peticiones para presionar al congreso y, de esta manera, impedir que se apruebe una ley que afectaría contenidos de Internet de todo el mundo. Argumentan desde Avaaz que el proyecto de ley "para desincentivar la piratería” va demasiado lejos. Cede a la empresa privada el poder para desactivar dominios y páginas de Internet con sus propios criterios sin supervisión previa del gobierno y sin garantías para los dueños de esas páginas, ni posibilidad de exigir medidas cautelares. Esta ley acabaría con el principio de presunción de inocencia que caracteriza a los estados de derecho y con una necesaria seguridad jurídica para los ciudadanos.
Por la violencia con la que ha reaccionado el gobierno contra Occupy Wall Street, la plataforma Avaaz sospecha que los movimientos ciudadanos están en el punto de mira. La ley permitiría cortar los canales de información y de movilización de estos grupos, que extienden sus mensajes por medio de Youtube, de cuentas de Twitter, de Facebook y de otras redes sociales. En cuestión de segundos, el gobierno podría ordenar el bloqueo de contenidos "inadecuados”.
Estados Unidos condenaba antes la falta de acceso a Internet en China. La comparación con un régimen "comunista” ha ayudado a que los ciudadanos estadounidenses aceptaran la premisa de que su gobierno les garantiza su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Pero diez años después del 11 de septiembre, empiezan a cuestionar las facultades que se ha dado a sí mismo el gobierno en nombre de la seguridad, con la excusa de proteger las mismas libertades que empieza a atacar.
En el momento de su aprobación, el Acta Patriótica (Patriot Act) fue objeto de polémica y de debate público. Pero muchos medios de comunicación se han quedado ahí. Aunque resulta un retroceso en materia de libertades individuales, esa ley no da carta blanca para el espionaje de ciudadanos estadounidenses y extranjeros al requerir la autorización previa de un juez. No sucede así con un programa secreto de la National Security Agency (NSA), aprobado por George W. Bush y silenciado por jueces y políticos en un ambiente de estás con nosotros o contra nosotros. Así lo ha denunciado el periodista de The New York Times, James Risen, en su libro Estado de Guerra, que le reportó el Premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación en 2006.
Cuenta Risen que las opiniones secretas de algunos jueces del círculo del ex presidente Bush han justificado el espionaje de llamadas telefónicas y correos electrónicos de millones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros, sospechosos de "terrorismo”.
En la actualidad se calcula en 9 billones el número de correos electrónicos que se envían dentro de Estados Unidos. Las llamadas por teléfono celular ascienden a 2.000 millones, y las de teléfono fijo a 1.000 millones. A varios defensores de las libertades de otros países les preocupa que muchas de las líneas físicas de teléfono internacionales pasan por territorio estadounidense, lo que le permite a su gobierno investigar a ciudadanos de otros países.
Cabría preguntarse cuántos de los presos de Guantánamo, Baghram y otras cárceles clandestinas donde se tortura para obtener confesiones fueron capturados por informaciones obtenidas de esta manera ante el silencio cómplice de los ciudadanos que aceptan el atropello de unas libertades que el gobierno dice proteger.
La amenaza dicen que ya no está en Afganistán ni en Irak, sino en Irán, mientras el gobierno anuncia un aumento de tropas en Australia que inquieta a China. Pero la ciudadanía comienza a despertar de la pesadilla del terrorismo islamista para comprender la realidad de otro terrorismo: el de la especulación financiera. Reaccionan, pero los quieren silenciar con leyes contrarias a los derechos que conquistaron como país libre. [Adital]
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