El 22 de mayo de 1998, Anthony Haynes, de 19 años y de raza negra, mató a balazos a Kent Kincaid, policía de raza blanca fuera de servicio, en las calles de Houston, Texas. Un año más tarde fue condenado a muerte y ahora será ejecutado el próximo 18 de octubre, a pesar de que su caso se ha caracterizado por las denuncias de discriminación racial, asistencia letrada inadecuada y conducta judicial indebida.
Durante el juicio de 1999, el fiscal tuvo que persuadir al jurado para obtener una condena a muerte de que Anthony Haynes constituía una amenaza constante para la sociedad incluso en prisión. El acusado carecía de antecedentes penales y, además, sus abogados defensores no presentaron ninguno de loas testimonios atenuantes disponibles, como que sólo dos días antes del delito había consumido por primera vez metanfetamina de cristal –lo que afectó a su capacidad de tomar decisiones-, que tenía un historial de Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y otros problemas mentales y tampoco presentaron a ningún experto que expusiera los efectos atenuantes de la juventud.
Además, una vez celebrado el juicio, numerosas personas firmaron declaraciones en las que afirman que el delito era impropio del carácter del acusado, ya que se trataba de una persona no violenta y respetuosa y que habían estado dispuestas a testificarlo ante el juez, pero que los abogados defensores no se pusieron en contacto con ellas. Por si fuera poco, el abogado designado por el tribunal tras el juicio para presentar un hábeas corpus no planteó en las alegaciones estatales una serie de cuestiones –como la alegación de asistencia letrada inadecuada durante el juicio-, por lo que dichas cuestiones ya no pudieron ser sometidas a una revisión federal.
Se da el caso de que, durante el juicio de 1999, sólo un miembro del jurado elegido era negro. La fiscalía utilizó la recusación para rechazar a cuatro de los seis candidatos durante la selección del mismo basándose en su conducta, el lenguaje corporal y sus actitudes. El juez aceptó dichos motivos y los consideró “ajenos a la raza” en respuesta a la moción Batson presentada por la defensa, según la cual y por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1986 los candidatos a miembros del jurado sólo pueden ser excluidos por motivos ajenos a la raza.
Sin embargo, el juez que había supervisado la selección del jurado había estado durante el proceso “montando y desmontando dos revólveres”, acto por el que recibió al año siguiente una reprimenda de la Comisión sobre Conducta Judicial del Estado de Texas.
En 2009, la Corte de Apelaciones del Quinto circuito resolvió que Haynes debía recibir un nuevo juicio, pero la Corte Suprema de EE.UU anuló dicha resolución y le devolvió el caso. La Corte del Quinto Circuito confirmó la sentencia de muerte pese a manifestar que “las indicaciones circunstanciales de discriminación racial intencionada en este caso” tenían un “cierto valor persuasivo” y de que consideró el hecho de que el juez que supervisaba la selección del jurado había estado limpiando dos armas mientras lo hacía, declarando que “esta conducta no es encomiable”, pero no considerándola suficiente para dar lugar a un resarcimiento.