Según datos de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), la morosidad de los inquilinos se ha disparado hasta un 15% durante los últimos meses a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia.
Comienza aquí el primer eslabón de la cadena hacia la desocupación de las viviendas. Muchos inmuebles quedarán vacíos a consecuencia de la salida de sus ocupantes, pudiendo esto representar un previsible problema para los arrendatarios, sean estos particulares o empresas.
Especial relevancia tendrán las nuevas viviendas de alquiler turístico que, debido a su incremento en el mercado, quedarán vacíos la mayor parte del tiempo. A esto habría que añadir la posible dificultad que venga ocasionada por la incertidumbre frente los posibles confinamientos debido a COVID, a la hora de poder negociar los contratos de los inquilinos.
El mercado asegurador ya está proponiendo soluciones a los problemas frente a la ocupación de los inmuebles vacíos. Atención al dato: un total de 14.621 inmuebles fueron usurpados en 2019, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), del Ministerio del Interior. Ello supone una media de 40 al día y 2.407 más que el año anterior. Desde pequeños propietarios, a empresas y SOCIMIS, pueden verse beneficiados de un producto de defensa jurídica con garantía anti-ocupación. Hablamos de coberturas como la defensa jurídica de los derechos del propietario del inmueble mediante una adecuada protección jurídica, bien de forma amistosa o a través de procedimiento administrativo, judicial o arbitral; la reclamación de los daños ocasionados a la vivienda durante la ocupación ilegal o un servicio de consulta telefónica gratuita.
Desde Ores y Bryan podemos ofrecerles esta solución y a un módico precio. No dude en consultarnos.