Uno de los avances de la sociedad islandesa tras la crisis es el intento de perseguir la criminalidad en la empresa y la delicuencia económica en el sector bancario. Esto significa investigar y procesar por vía penal a los responsables del colapso y la bancarrota de los bancos islandeses. Se crea una fiscalía especial de delitos económicos. Este organismo investiga las acciones que llevan a la caída de los bancos islandeses.
En 2009, el fiscal general de Islandia contrata a Eva Joly como asesora del equipo de investigadores de delicuencia económica. La fiscalía se centra en prácticas que violan directamente o indirectamente la legalidad a través de la manipulación del mercado, de la compra y venta de acciones de los propios bancos en la bolsa, de los préstamos a personas o entidades afines, etc. Hay que recordar que en el ámbito penal rige la prohibición de leyes retroactivas, preservando así, el principio de legalidad y seguridad jurídica. Sólo aquéllas tipificadas como delitos vigentes en aquel momento pueden da lugar a una investigación criminal.
Otro cosa es el enjuiciamiento del ex primer ministro, Geir Haarde, en 2012. En septiembre de 2010, la mayoría del Parlamento decide procesar al ex primer ministro por negligencia y mala gestión durante 2008. El 28 de septiembre, se autoriza la formación de un tribunal especial llamado Landsdómur- tribunal del país-, por parte del Parlamento islandés, para investigar y procesar a Geir Haarde. Esta medida se toma, por primera vez, en la historia de Islandia. En 2012, el tribunal especial Landsdómur declara culpable a Geir Haarde de negligencia y mala gestión durante 2008. Para la fiscal especial, la ley islandesa califica este tipo de responsabilidad de un jefe de Gobierno. En junio de 2012, empieza a mandarse a algunos responsables financieros de la crisis a la cárcel. Dos directivos de la caja de ahorros Byr fueron condenados a 4 años y medio de prisión por delitos económicos. Si bien, sólo 3 personas han recibido sentencias condenatorios, la fiscalía especial tiene a más de un centenar de individuos bajo investigación por el colapso bancario de 2008.
Mientras tanto, los islandeses sufren las consecuencias de la crisis financiera y económica. "¿Hay libertad y justicia sólo para los ricos?" Iris Erlingsdóttir explica cómo ha funcionado el sistema jurídico en Islandia y cómo se ha diseñado para beneficiar a los ricos y condenar a los islandeses a la bancarrota o a la emigración. Tanto la investigación como el juicio a Geir Haarde revelan"una división de la opinión pública islandesa y una pérdida absoluta de la fe en su clase política dirigente".