El gobierno acaba de anunciar una reforma de la Administración. Desde luego no seré yo quién niegue la necesidad de que se reforme la Administración. Es más, lo he pedido en algunas entradas desde mi Kabila.
Sin embargo, como viene haciendo este gobierno, esta reforma deja bastante que desear, porque al igual que la gran mayoría de los cambios y destrozos que nos han ido clavando por medio de sus leyes, se trata de una reforma fundamentalmente ideológica y sectaria, ya que no responde a lo que necesita la ciudadanía, sino a lo que necesita el PP para mantenerse en el machito.
Aquí pueden ver los organismos que cambian o desaparecen. Es increíble la cantidad de entes de la Administración que poco dicen o que son desconocidos. Por lo tanto, no digo que muchos de ellos no sobren, seguramente es así, pero sin embargo me vienen serias dudas sobre si algunos deben ser eliminados, como el Instituto de la Juventud, por ejemplo.
Aunque lo más importante no es lo que se piensa cambiar sino lo que no se toca, de lo que no se habla. Y es que dentro de una reforma de la Administración hay que hablar también del Senado, de las Diputaciones y de los cargos de confianza. Si esto no se toca, la reforma se quedará en el chocolate del loro.
El Senado es un órgano muy importante jerárquicamente y a efectos de protocolo, no obstante es absolutamente nulo en cuanto a las funciones que realiza. Sirve para ralentizar las leyes, puesto que tienen que pasar por este organismo y sin embargo no tiene poder decisorio. Por lo tanto, o se reforma el Senado y se convierte en una verdadera cámara de las Autonomías o simplemente se elimina. Ya está bien de que su verdadera función sea la de cementerio de elefantes y criadero de posibles promesas. De suprimirse nos ahorraríamos más de 50 millones de euros, que no está mal para los tiempos que corren.
Qué decir de las diputaciones provinciales. Incomprensible que sigan manteniéndose. Hoy sirven en gran parte para mantener a caciques con más poder, a veces, que los presidentes autonómicos de su comunidad, y que cuentan con presupuestos importantísimos con los que juegan a conjugar afinidades y crear redes clientelares. Además, los diputados no son elegidos por los ciudadanos, por lo que es difícil de explicar que sus competencias no pasen a las CC.AA. y se eliminen.
Los cargos de confianza son otra de las cuestiones importantísimas que hay que reformar, dentro de la Administración. Hay que poner coto al número y no es posible que se pretenda eliminar cargos que son elegidos por la ciudadanía y, sin embargo, no haya unos límites de los cargos de confianza que se puedan elegir en los distintos estamentos. Es algo que hay que legislar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hay 162 cargos de confianza, además de los altos cargos, que no son elegidos directamente.
Por último me gustaría hablar de los Tribunales de Cuentas. Se pretende eliminar los trece existentes en las CC.AA. y que sus funciones pasen al Tribunal de Cuentas del Estado. En fin, otra pirueta pepera, porque resulta que el Tribunal de Cuentas central está trabajando ahora con datos de 2008, lo que indica que lleva cinco años de retraso. Si tenemos en cuenta que los delitos que puedan cometer los partidos e instituciones prescriben a los cuatro años, resulta que su labor es absolutamente inútil. Si a esto se une que con la reforma pepera tendría trece autonomías más que controlar, lo lógico es pensar que el retraso sea mayor, salvo que se dote de recursos de los que hoy carece. De no ser así, este Tribunal quedará sepultado en el Cementerio de los Organismos inútiles, como ya lo está, acompañando a nuestro querido Senado.
En fin, volveré sobre esta reforma porque es amplia y todavía se han de aclarar ciertas cuestiones, pero desde luego sin resolver los problemas que tienen estos organismos comentados, sin poner coto a los cargos a dedo de las instituciones y sin que se provean recursos a entes importantes que hoy no funcionan, no se resolverán los problemas fundamentales, que no son sólo de carácter económico, sino también de recuperación democrática.
Salud y República