La pregunta que nos hacemos los ciudadanos es si el gasto público es racional y adecuado. Y la respuesta de la mayoría es que NO.
Aunque la eficiencia de la administración ha mejorado enormemente en España en los últimos 30 años, aún existe una percepción general de que es francamente mejorable.
Yo voy a exponer mis propias reflexiones, que la lectura de los PGE me han sacado a la luz.
La primera pregunta que me hago es si sigue siendo necesario que la Administración Pública esté sujeta a la enorme serie de formalismos a la que está sujeta, estando como estamos en el siglo XXI. Me parece que así será muy difícil mejorar la eficiencia y la productividad que pienso que siguen siendo (insisto, aún habiendo mejorado mucho) muy mejorables.
Por ejemplo, creo que es muy difícil poder premiar al empleado público que da un mejor servicio o que ahorra gastos superfluos, y castigar de alguna manera a quien no rinda, incluso con el despido (un proceso cuasi imposible en el mundo público y que no tiene ningún sentido). Los empleados públicos han de ser gestionados de un modo más parecido a los privados. Han de ser pagados con salarios de mercado y premiados cuando hagan un gran trabajo o despedidos cuando no cumplan con los mínimos de productividad exigibles. Los ciudadanos, que somos los accionistas, por decirlo así, de la Gran Empresa Pública que es el Estado, debemos exigir que se use adecuadamente nuestro dinero. Si no se avanza en ese sentido, seguiremos pensando que el dinero que pagamos con nuestros impuestos no está todo lo bien gastado que debería estar. E incluso algunos encontrarán justificación moral para no pagar impuestos, como yo mismo he oido autojustificarse a muchos.
¿Para cuando un verdadero Presupuesto Base Cero en todas las Administraciones Públicas? ¿Y una gestión por objetivos? ¡Son técnicas que hace años que se usan en la empresa privada!
¿No hay nadie que piense que si gestionásemos mejor podríamos hacer mucho más con los más de 450.000 millones de euros de gastos público? ¿O lo mismo pero gastando menos? Yo sí que lo pienso.
Los PGE ya dan algunas pistas de ese esquema estructural de ineficiencia del que hablo. Voy a poner algunos ejemplos tomados tal como surgían en mi proceso de lectura:
- Las tasas de reposición que prevé para los empleados públicos, en todos sus ámbitos, son, como mínimo, del 100%; es decir, ya da por supuesto que no habrá un recorte de empleos por aumento de la productividad en ningún departamento. En estos tiempos, ¿hay alguna empresa en que pase eso?
- El sueldo anual del Presidente del Gobierno es de 84.845€, muy por debajo del de cualquier CEO de cualquier empresa, incluso muchas pymes. ¿Tiene eso sentido? Además, el sueldo de otros altos funcionarios (de carrera) está muy por encima del suyo. Por ejemplo, los presidentes del Tribunal Supremo, el Consejo general del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, se sitúan entre los 140.000 y 160.000€ de sueldo base. ¿Qué pasaría si usted fuera el CEO de una empresa y cobrara menos que los miembros de su consejo de administración? Pues así estamos. Quizás eso explica muchas cosas de nuestra política.
- Los sueldos de los funcionarios tienen multitud de niveles y escalas, algo que hace complejísima cualquier gestión de los Recursos Humanos en esa «empresa» y que estoy seguro de que requiere de muchos recursos para llevar un mínimo control, y que focaliza la atención de los empleados públicos en sus problemas endogámicos con prioridad a las necesidades de sus clientes que son los ciudadanos. A veces los ciudadanos nos preguntamos si a los funcionarios les interesa que el sistema sea complejo para poder seguir viviendo en su propio mundo. Todo eso aleja a los funcionarios de la ciudadanía, que en cierto modo se siente rehén de un sistema que maneja el dinero público como si fuera suyo, confundiendo los derechos laborales con privilegios de casta.
Pido disculpas si este post me ha salido excesivamente politizado, pero vuelvo a insistir en que me guía el objetivo, quizás utópico, de hacer de nuestras AAPP más transparentes y eficientes, una Administración de la que todos lo ciudadanos estemos orgullosos.
Y acabo explicándole a mis lectores que esta preocupación me viene de lejos, pues mi tesis de licenciatura en la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE), allá en el año 1978 (si no me equivoco) se tituló «Aplicación de la técnicas de management a la gestión de municipios». Como ven, he sido siempre un soñador, pero somos los soñadores los que tiramos las primeras piedras que derriban los muros más gruesos.