En realidad todo empezó en el año 2010, cuando el recién llegado al poder Fidesz (partido conservador), aprobó una ley que otorgaba la ciudadanía húngara a aquellos extranjeros que acreditasen tener ascendencia húngara y conocimientos de dicha lengua. Era un traje a medida para dar la segunda nacionalidad a magiares étnicos que quedaron fuera de Hungría en los países de alrededor (especialmente Rumanía, Eslovaquia y Serbia) a raíz de la pérdida de territorios del tratado de Trianon, tras la primera guerra mundial. Además se les concedía el derecho a votar en las elecciones, con lo que ningún partido se atrevió a mostrarse contrario a dicha ley (temerosos de perder un buen número de votantes potenciales). Oficialmente fue un gesto de ayuda y apoyo a los húngaros que conservan cultura e idioma en otros países, si bien fue tildado de populista, chauvinista y oportunista por algunos medios (especialmente extranjeros).
No obstante, y aquí radica el problema, esta ley tenía un potencial de fraude bastante elevado. Obtener un pasaporte de Hungría significa tener un pasaporte de la Unión Europea y el espacio Schengen, que ofrece enormes facilidades para moverse y obtener permisos de residencia, estudios o trabajo por toda la Unión Europea, algo mucho más difícil de conseguir con otros pasaportes foráneos.
Según Index, se crearon una serie de mafias o empresas fraudulentas en Ucrania que sobornaban a algunos altos funcionarios húngaros encargados de verificar los conocimientos de lengua húngara y ascendencia, para conseguir pasaportes a ucranianos (la reciente guerra en la región de Donbás ha elevado la demanda exponencialmente en el último año). Así, un ucraniano de a pie con nulo conocimiento del idioma o ascendencia húngara podía conseguir un pasaporte Schengen que le permitía establecerse y trabajar en países como Alemania, algo que con el pasaporte ucraniano es muchísimo más complicado o directamente imposible.
La cosa degeneró, según las investigaciones de Index, y ciudadanos rusos, a través de falsos papeles ucranianos, comenzaron a solicitar pasaportes húngaros. Las mafias cobraban 5.000 euros a ucranianos y 10.000 a rusos por estos pasaportes. De ese dinero, una parte se iba en sobornos y el resto eran puros beneficios, un negocio muy floreciente.
La cosa se fue extendiendo a Rumanía y Serbia, otros dos países fuera del espacio Schengen con mucha emigración y deseosos de pasaportes de la UE. Además, debido a la gran cantidad de húngaros étnicos (más de un millón en Rumanía, por ejemplo), la cosa era más fácil si por ejemplo alguien tenía algún familiar húngaro, aunque no tuviese ni idea del idioma. Incluso se ha hablado de pagos a ciudadanos que solicitaban la nacionalidad con pleno derecho, siendo magiares étnicos, para luego vender los pasaportes a las mafias, que solamente cambiaban la foto por la del solicitante fraudulento.
El gobierno húngaro ha desmentido estas acusaciones y ha amenazado con denunciar al diario Index, quien introdujo a uno de sus periodistas en este entramado para investigarlo, y según ellos obtuvieron confesiones anónimas de ucranianos que obtuvieron los pasaportes fraudulentamente, e incluso de miembros de las mafias que confesaron haber pagado a algunos alcaldes 1000 € por cada firma de los papeles que otorgaban el derecho a la nacionalidad húngara sin hacer preguntas.
Según destacados políticos de Fidesz como Zsolt Semjén o Tamás Wetzel, el proceso de obtención de la ciudadanía húngara está controlado eficientemente por las administraciones e incluso la policía y los servicios secretos si hay indicios de fraude, y argumentan haber rechazado un gran número de solicitudes al no cumplir los criterios. Reconocen, sin embargo, que ha habido regularidades aisladas que se están investigando, pero ni mucho menos aceptan las cifras que publica Index, que habla de toda una industria ilegal y decenas de miles de pasaportes fraudulentos.