El formoseño Bienvenido Helguera sostuvo, en una radio de su provincia, que el intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, el peronista Cristino Mendoza, le había ordenado comprar cerca de "1000 DNI" a aborígenes de la comunidad wichi para usarlos en favor de su jefe comunal en las elecciones legislativas de 2009. Que la confesión haya sido motivada porque Mendoza le había prometido a Helguera un buen sueldo y no le cumplió -según agregó- no sólo no le quita veracidad, sino que le da mayor entidad a la denuncia.
La confesión de Helguera se produjo después de que la justicia federal lo procesó, junto con Mendoza, por el delito de retención indebida de documentos. Había sido muy claro al describir el modus operandi: "Les poníamos los votos en el documento para que entraran con el voto que ya llevaban".
El pago variaba; algunos recibían 100 pesos; otros, 50, y a los que seguían negándose a entregar el DNI se los amenazaba con sacarles alguna prenda de abrigo, el agua o la caja del plan alimentario.
Formosa vuelve a ocupar, así, la atención de la opinión pública, como en noviembre pasado, cuando en un desalojo de los indígenas en la ruta 86 por parte de la policía provincial murieron dos aborígenes y un policía, hecho que llevó al cacique de la colonia qom La Primavera, Félix Díaz, a viajar a Buenos Aires a pedir que se aclarara esa situación.
Como se recordará, Díaz mantuvo un acampe durante varios meses en la avenida 9 de Julio hasta que, después de muchas promesas incumplidas, fue recibido por el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Independientemente de las decisiones que la Justicia adopte ante esta denuncia -Helguera mostró su disposición a declarar e incriminarse ante el juez que instruye la causa-, este hecho es representativo de la verdadera situación de abandono y explotación que viven los integrantes de muchos de los pueblos aborígenes de todo el norte argentino, y que poco ha cambiado desde el advenimiento de la democracia, aun con la aprobación de la ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, reglamentada en febrero de 1989. La monja Martha Pelloni le envió recientemente una carta al gobernador formoseño Gildo Insfrán en la que denuncia la existencia en la provincia de niños "que no tenían más de 15 años" convertidos en "esclavos laborales".
Antes y después, se siguen sucediendo las tristes realidades reflejadas en notas periodísticas que dan cuenta de que estos ciudadanos argentinos continúan viviendo, como en siglos anteriores, en el hacinamiento, sin disponer de agua potable para consumir o para higienizarse, enfrentando el drama de la desnutrición y de la mortalidad tanto infantil como de los adultos. Además, junto con la pérdida de sus hábitats naturales (por la deforestación de los bosques donde viven), corren también el riesgo de perder definitivamente su cultura.
Por cierto, estas prácticas forman parte del extendido clientelismo político, mediante el cual se utiliza a los sectores más vulnerables y pauperizados de la población como carne de cañón, con la complicidad del gobernador Insfrán, eternizado desde hace veinte años en el Poder Ejecutivo de una provincia a la que maneja como un feudo donde los indígenas son tratados como vasallos.
Es de esperar que esta vez la investigación iniciada en el Poder Judicial con motivo de la compra de votos aborígenes prospere y sea el punto de partida para castigar ejemplarmente a quienes medran con las necesidades de los más pobres, además de regularizar la situación de las comunidades indígenas de una vasta área del país.
También, para que, definitivamente, los aborígenes argentinos puedan sentirse tan ciudadanos como el resto de sus compatriotas, respetados en su dignidad y en su derecho a elegir libremente a sus autoridades como marca la ley.
Fuente: lanacion.com.ar