A poco más de un mes para que finalice el plazo para adaptarse a la regulación (el 31 de junio), los resultados pintan una realidad diferente. A 30 de abril, en Euskadi se habían contabilizado 9.374 altas en el régimen general. De ellas, 2.910 corresponden a Gipuzkoa, 5.306 a Bizkaia, y otras 1.153 a Araba, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social. Representan una mínima parte de las personas que antes del cambio normativo estaban afiliadas a la Seguridad Social. En el caso de Gipuzkoa, quedan aún 3.187 cotizantes del viejo sistema que, por lo tanto, deberán traspasarse al nuevo régimen antes del 30 de junio, porque de lo contrario quedarán fuera del marco legal y se exponen a una posible inspección.
Pero si los resultados se comparan con las casi 90.000 personas que integran el sector -estimando también trabajo sumergido-, el empleo que ha emergido se queda en la mínima expresión. En el caso de Gipuzkoa, tan solo el 8% de los hogares ha cumplido con la norma (2.910 de 35.022 domicilios con empleada de hogar).
Incentivar la afiliación
Hasta el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha reconocido que la nueva legislación Ťno está obteniendo los resultados previstosť. Por lo tanto, el Gobierno no descarta Ťalguna reforma en el ámbito doméstico en la línea de simplificación de la tramitación, para que no sean los empleadores los que asumen todas las responsabilidades de carácter administrativoť, según dijo en recientes declaraciones.
Para incentivar la afiliación, el Gobierno Vasco decidió subvencionar el 30% de la cotización que realizan los hogares por la empleada, que se sumará al 20% que realiza la propia Seguridad Social. Con esas bonificaciones pretenden reducir el coste que supone a las familias tener que cumplir con la norma, ya que muchas de ellas no estaban obligadas a hacerlo hasta ahora. La orden del Ejecutivo entrará en vigor cuando finalice el periodo voluntario de regularización, esto es, el próximo 30 de junio, y se contempla mantenerla durante los tres próximos ejercicios, según fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales.
El presupuesto reservado asciende a dos millones de euros. Además del trabajo de asesoramiento e intermediación que se está haciendo desde las oficinas de Lanbide, el Ejecutivo trabaja con la Seguridad Social para poder determinar cuántas de estas nuevas altas se corresponden con el tránsito del anterior al nuevo régimen de cotizaciones, ya que en esas cifras puede haber altas que correspondan a hogares que contraten por primera vez a una trabajadora. El total de nuevas cotizaciones deberá ser cribado para cuantificar el número de personas beneficiarias, ya que en el nuevo sistema un mismo empleado puede acumular varias altas parciales debido a que tiene que estar dado de alta en cada uno de los hogares en los que trabaja.
El económico no es el único factor que puede retraer a los hogares. Muchas empleadas son inmigrantes sin papeles, y las que sí tienen su situación en orden tienen miedo a que les reduzcan el sueldo o les echen a la calle, han denunciado asociaciones vinculadas al sector.