El 26 de octubre, el Tribunal Oral Federal N° 5 pronunció la primera sentencia contra un grupo de represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
De los 18 imputados, doce fueron condenados a prisión perpetua. Entre ellos, Alfredo Astiz y "El Tigre" Acosta; junto a los otros militares y policías, recibieron la pena máxima por su participación en el secuestro y asesinato de Azucena Villaflor, del núcleo fundador de Madres de Plaza de Mayo, y de las monjas francesas Alice Domon y Léoni Duquet. En seis de las doce perpetuas, se agrega además el crimen del escritor y militante montonero Rodolfo Walsh.
Estas condenas son una victoria de treinta años de lucha contra los intentos de todos los gobiernos democráticos de absolver a la dictadura. Por la Esma pasaron cerca de cinco mil víctimas y la abrumadora mayoría permanece desaparecida. Es un emblema del genocidio.
Del resto de los acusados, cuatro recibieron penas de entre 18 y 25 años, mientras que otros dos -Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco- fueron absueltos por el tribunal.
Una victoria demorada
Los dieciocho represores fueron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín y ratificadas por el gobierno de Menem, su mayoría parlamentaria y sus gobernadores. Estas leyes permanecieron vigentes durante más de 15 años, hasta su derogación parlamentaria en 2003. En aquella ocasión, el gobierno condicionó el apoyo de la bancada oficialista al proyecto de la diputada Patricia Walsh a que se excluyese de él la anulación de los indultos, como finalmente fue aprobado (los indultos serían declarados "inconstitucionales" en 2007). La derogación de las leyes le permitió al gobierno evadir el pedido de extradición a España sin necesidad de recurrir a un decreto de De la Rúa, que impedía expresamente la extradición de militares. Una vez derogadas, no había impedimentos formales para su juzgamiento en el país. Ocho años más tarde, llegan las primeras sentencias por los crímenes de la Esma. Entre tanto, Astiz ya había sido condenado en ausencia en Francia y en Suecia. España reclamaba su extradición desde 1997.
Este no fue sin embargo el primer juicio relacionado con la Esma. El primer caso en ser juzgado fue el del prefecto Héctor Febres, asesinado en su lugar de detención (un equipado departamento de dos ambientes en una isla del Tigre custodiado por Prefectura) en la víspera de su sentencia, por lo que no fue pronunciada.
En este momento hay 802 represores procesados en todo el país, de los cuales hasta ahora 262 fueron condenados; de ellos, menos de la mitad tiene condena firme.
Los juicios, una movilización política
En este, como en todos los juicios relacionados con los crímenes de la dictadura, las pruebas fueron aportadas exclusivamente por las víctimas y las querellas. La Secretaría de Derechos Humanos es apenas una cámara de registro de la tenaz movilización de familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones populares. Son las víctimas quienes reconstruyen los hechos y deben individualizar a sus verdugos -por caso, el absuelto Velazco usó de chivo expiatorio a su mellizo ya fallecido, ex oficial de la Armada, y se benefició con la duda del tribunal, pero seguirá preso a la espera de su juzgamiento por otros crímenes.
El Estado no aportó ningún archivo ni elemento de prueba. Por otra parte, la nómina de buchones del Batallón de Inteligencia 601 (en la que figura el actual secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez) fue desclasificada hace casi dos años, y duerme desde entonces en el juzgado de Ariel Lijo.
Sobrevivientes y familiares deben reiterar sus testimonios una y otra vez, en calidad de víctimas o de testigos, en un sinnúmero de causas, porque los jueces de instrucción piden la elevación a juicio a cuentagotas ("por tramos"), en vez de hacerlo de una vez por centro de detención. De este modo, Juan Carlos Rolón resultó absuelto porque "demostró" que no participaba de la Esma en el año ’77, aunque podría ser condenado en el próximo tramo que abarque el año 1976. El reclamo histórico de los organismos de derechos humanos es el juzgamiento en un solo paso de todos los represores por todos los compañeros por referencia a cada centro de detención, circuito o territorio.
La unificación de las causas
Veinticuatro horas después de conocidas las sentencias, la Procuración General de la Nación solicitó al TOF 5 la unificación de los tramos pendientes de la llamada "megacausa Esma". El tribunal deberá expedirse. En el pasado, la Cámara de Casación y la Corte Suprema dieron indicaciones similares sin mayores resultados. De unificarse, el próximo juicio podría albergar otros 700 casos atribuidos a un grupo de 70 represores -los que los sobrevivientes pudieron individualizar. En este juicio reciente se ventilaron 86 casos, pero no todos se dieron por probados. Según la estimación de los organismos de derechos humanos, en caso de no unificarse, los juicios por los crímenes de la Esma demorarían al menos diez años más.
Apoyamos la unificación de los tramos pendientes de la causa Esma y de todos los juicios por lugar de detención.
Perpetua y cárcel común a todos los represores. Juicio y castigo a sus cómplices políticos, empresarios y eclesiásticos.
Apertura de los archivos de la dictadura. Separación de todos los implicados que aún revisten en actividad en las fuerzas armadas y de seguridad.
Aparición con vida de Julio López.
Jacyn