ESPAÑA DEBE INVESTIGAR LAS DESAPARICIONES DE LA GUERRA CIVIL, DICE LA ONU
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GINEBRA (Reuters) – Un comité de derechos humanos de Naciones Unidas instó el viernes a España a investigar las desapariciones de civiles durante y después de la Guerra Civil, pese a la negativa de Madrid a volver a examinar crímenes pasados.
El exjuez español Baltasar Garzón estima que al menos 152.00 civiles desaparecieron en la contienda a manos de las tropas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil española (1936-1939) y los primeros doce años de dictadura hasta 1951.
Una delegación española dijo a un comité de Naciones Unidas el 6 de noviembre que la ley de amnistía de 1977 para delitos políticos cometidos durante la guerra civil y la dictadura no sería revisada, pese a los crecientes llamamientos.
Pero el comité compuesto por 10 expertos independientes que vigilan la Convención Internacional de Desapariciones Forzosas dijo que no hay amnistía para este tipo de delitos cometidos por agentes estatales o con apoyo estatal y tampoco prescriben. España es uno de los 40 países que firmó el pacto de 2010.
“Es muy importante investigar todas las desapariciones forzadas independientemente de la fecha en la que las mismas se hayan cometido”, dijo Álvaro Garcé, un abogado uruguayo miembro del comité de la ONU, en una sesión informativa.
“La aplicación actual de la ley de amnistía no debería ser un obstáculo para la verdad”, declaró.
España debe intensificar sus métodos para localizar e identificar a los desaparecidos y crear un organismo que ayude a aclarar cuál fue su destino, dijo el comité de la ONU en sus recomendaciones.
“Los familiares tienen, entre otros, el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”, dijo.
Garzón dijo que estos asesinatos eran prácticamente un tabú en España, donde la izquierda y la derecha han preferido olvidar ese período de la historia. El jurista dijo que tenía documentación de casos de unos 30.000 niños que durante la dictadura fueron arrebatados a sus madres “inadecuadas” – a menudo comunistas o de izquierdas- y entregados a “buenas familias católicas”.
El pacto de la ONU pretende que los estados sean considerados responsables y se acabe con la impunidad para los delitos de desaparición forzosa, definida como un delito cometido por agentes estatales que detienen o secuestran a personas pero no revelan su destino o paradero, o autorizan tales actos.
También pretende evitar nuevos casos, garantizar el derecho a la verdad y obtener reparaciones para las víctimas y sus familias.
/Por Stephanie Nebehay/
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