¡Basta! No puede ser que este país, del que los peperos presumen como país democrático, tenga sometida a la ciudadanía al miedo policial. Y es que este gobierno está dispuesto a cortar como sea la crítica política y a evitar, o al menos minimizar, las protestas, las manifestaciones y, como no, las huelgas.
Y para ello está dispuesto a cometer cualquier felonía. Crear leyes, como la ley de seguridad ciudadana o inducir a que la Judicatura, ante leyes que castigan en demasía las presuntas faltas que se puedan cometer en manifestaciones o concentraciones, sentencie en el límite máximo. A esto añadamos órdenes a la policía para que se muestre dura e inflexible. El resultado es que el triángulo formado por Parlamento (leyes duras), Gobierno (intervención policial) y Judicatura (imposición de penas al límite máximo aún en caso de dudas) forma un cóctel explosivo para los ciudadanos.
Dirán que no hay conexión. Negarán la interferencia del poder ejecutivo o legislativo sobre el judicial. Tratarán de desviar la atención. Sin embargo, no es posible explicar algunas cuestiones sin que exista ese nexo.
Para empezar debemos recordar que los jueces de la institución que rige la judicatura –el Consejo General del Poder Judicial: CGPJ— y de los tribunales de niveles altos son nombrados por el parlamento y la fiscalía es nombrada por el gobierno. Todo lo cual indica que la dependencia orgánica es un hecho capaz de provocar una subordinación que determine injerencias del poder ejecutivo sobre el judicial.
Si a todo esto se une la obsesión del ejecutivo pepero de terminar con los sindicatos, ya de por sí debilitados. Aunque no son sólo los sindicatos, estas organizaciones de defensa de los trabajadores son las más atacados porque son los principales promotores de lo que más temen: las huelgas.
Todo esto desemboca en la situación de orden público más grave para los ciudadanos de los últimos treinta años. Hoy, son 260 los encausados para los que el Ministerio Fiscal solicita 120 años de cárcel por diversos altercados producidos durante huelgas generales. Además hay que sumar otros tantos ciudadanos acusados en otras manifestaciones o concentraciones.
A todo esto ya sabemos cómo actúa la Justicia ante casos palmarios de corrupción. Tarde, mal, y a veces no actúa. Retrasos incompresibles. Penas irrisorias para personajes indeseables que han cometido barbaridades. Y entre risas y desvergüenzas, ni devuelven el dinero ni se les castiga.
Está claro que la contundencia legal, policial y judicial está destinada para sindicalistas y ciudadanos cabreados; y no es para los sinvergüenzas de cuello blanco que campan por sus lares en un país hecho a su medida. Un país policial con un gran déficit democrático.
Podrán imponer su dureza con las leyes, con la policía, con las sentencias, pero no conseguirán callar la voz de la calle. Ese es su error y nuestra responsabilidad.
Salud y República