Brais Benítez
La Marea/Rebelión
Con esta nueva legislación, el Gobierno convierte en infracciones administrativas algunos de los nuevos métodos de protesta, que se han incrementado en los últimos años por el aumento de la conflictividad social.
El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este viernes el anteproyecto de ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, calificada como “ley mordaza” por numerosos colectivos sociales. El Ministerio del Interior ha rebajado algunas de las infracciones que el borrador inicial situaba como “muy graves”, después de las críticas políticas y sociales recibidas al texto. EL Gobierno ha defendido las medidas en nombre de la seguridad de los ciudadanos.
Así, participar en protestas no comunicadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando no se estén celebrando plenos en el interior, pasará a considerarse una infracción grave, penada con entre 1.001 y 30.000 euros, cuando inicialmente se pretendía sancionar con multas de hasta 600.000 euros.
Las “vejaciones, amenazas, coacciones e injurias” a policías, así como grabar y difundir imágenes y fotos de los agentes que puedan suponer algún “riesgo para la seguridad”, pasan de ser consideradas infracciones graves a leves, sancionadas con entre 100 y 1.000 euros.
Entre las conductas con sanciones más graves se mantiene la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales y en solemnidades y oficios religiosos; así como la convocatoria de protestas en jornadas preelectorales.
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Con esta nueva legislación, el Gobierno convierte en infracciones administrativas algunos de los nuevos métodos de protesta, que se han incrementado en los últimos años por el aumento de la conflictividad social, y busca de este modo poder castigar acciones como las protagonizadas por el 15M que, a pesar de haberlas perseguido policialmente, la mayoría no han recibido sanciones en los tribunales.
Cuando la nueva ley entre en vigor, no solo se podrá penar protestas como la de la coordinadora 25-S frente al Congreso de los Diputados, sino que también se pondrá coto a la grabación de imágenes de actuaciones policiales que en los últimos meses han dado a conocer posibles abusos.
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Un fichero registrará a los infractores
Interior creará un fichero en el que registrará a las personas que incurran en infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo –señala el Gobierno- de “apreciar y valorar la reincidencia”, así como para tenerlos en cuenta a la hora de otorgar permisos administrativos como el de tenencia de armas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado en rueda de prensa que la normativa implica el “refuerzo y protección de los derechos y de la libertad”. “Es una norma para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y para garantizar el libre ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo.
“Iniciativa despenalizadora”
“Las sanciones persiguen erradicar la violencia, el incivismo y el vandalismo. Queda plenamente garantizado el derecho fundamental de manifestación, con el único requisito de comunicación previa a las delegaciones del Gobierno”, ha defendido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Fernández Díaz ha manifestado que se trata de una “iniciativa despenalizadora del Gobierno”, aduciendo que los cambios normativos, junto con la reforma del Código Penal, sustituye las faltas (que se tramitan por la vía judicial), por infracciones administrativas. Sin embargo, ello conlleva también que el Gobierno podrá imponer las sanciones sin que deban pasar por los tribunales.
Fuente: http://www.lamarea.com/
“Stop a la burorrepresión, stop a la ley liberticida”
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido de las primeras organizaciones en responder a la aprobación del Consejo de Ministros. CGT “rechaza, al tiempo que repudia, el Anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado ayer. No sólo el contenido de ésta norma, sino las intenciones, desprovistas de cualquier escrúpulo moral, que le mueve al gobierno del PP para idearla”. El sindicato entiende que “no es más que el colofón de las políticas antisociales que están padeciendo la mayoría de la población y de las reglas del juego que el capitalismo y los gobiernos mantienen desde el principio de la crisis-estafa para asegurar el orden social”.
Estamos ante una “Ley de Represión Ciudadana”
Por su parte la formación política Amaiur, consideró que la denominada Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno del PP pretende aprobar, es más que nada, una Ley de Represión Ciudadana con la que el ejecutivo Rajoy pretende acallar las protestas ciudadanas.
“Esta ley, es un ejemplo más de la involución democrática que está sufriendo el Estado español de la mano del Partido Popular. Una involución, que en muchos casos, nos retrotrae a tiempos pasados. Al igual que otros recortes de tipo socioeconómico, también esta ley nos lleva 40 atrás”, dijo en un comunicado.
Primera protesta contra la nueva ley ante la sede del PP
La indignación ante por la decisión gubernamental tuvo su reflejo en las calles en forma de protesta. Convocados por las redes sociales, alrededor de dos centenares de personas se reunieron en la tarde de ayer en las inmediaciones de la sede nacional del PP, situada en la madrileña calle Génova. No obstante, un fuerte dispositivo policial evitó que los manifestantes se acercaran al cuartel general de los conservadores, que permaneció rodeado por más de una veintena de vehículos policiales.
A continuación comenzaron a marchar hacia los Juzgados de Plaza de Castilla, donde otro grupo de manifestantes se concentró para mostrar su apoyo a los 19 jóvenes detenidos en los últimos días acusados de haber participado en la protesta del 20-N en la Universidad Complutense. “¡Violencia es no llegar a fin de mes!”, “¡Que viva la lucha de la clase obrera!” o “¡La voz del pueblo no es ilegal!”, han sido algunos de los lemas más coreados. En la movilización se se vieron pancartas en las que se leía “¿Multas por protestar, democracia dónde estás?” o “Las leyes represoras no nos callarán” y “Censura es tiranía”, entre otros.
La marcha desembocó en uno de los juzgados de la calle Bravo Murillo con la salida de los detenidos. “No es un proyecto de ley de seguridad ciudadana, sino un proyecto de ley para amordazar y que la gente ejerza su libertad de crítica y de manifestación. Ahora, además de esos recortes sociales y económicos, se hace un recorte tremendo en las libertades, que ya de por sí no eran amplias y sí precarias impropias de un sistema democrático”, aseguró Luis Ocampo, de la coordinadora 25-S.
Imagen tomada de: http://icxpporlamanipulacion.blogspot.com.ar/
Artículo tomado de: http://www.rebelion.org/