Santamaría, tras asegurar que no se subirán el IVA, ha admitido que "no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas sino de aprender las lecciones del pasado y evitar que se repitan". Eso sí, ha recordado que las cuentas públicas han pasado del superávit en 2007, cercano al 2 por ciento, a un déficit por encima del 11 por ciento en 2009 y al 8,5 del año pasado. La tesis expuesta por Soraya responde a la orden dada por Mariano Rajoy de no pedir cuentas a los políticos socialistas y de enterrar el pasado en el olvido, una decisión que colisiona directamente con lo que quieren los ciudadanos y que incrementa el divorcio entre ciudadanos y políticos.
Ya se sabe que entre Rajoy y José María Aznar existe una profunda discrepancia, precisamente en torno a la decisión de Rajoy de pasar página y perdonar todos los desmanes del socialismo de Zapatero. Aznar mantiene que "cada vez que los socialistas gobiernan dejan el país hecho una ruina" y que esa dinámica tiene que acabarse castigando a los despilfarradores y corruptos, pero Rajoy, consciente de que en sus propias filas hay también chorizos, le tiene un miedo atroz a la izquierda y a su capacidad de chantaje en las calles, apelando a lo más sucio y enervado de la sociedad española.
Los ciudadanos más conscientes y preparados, por su parte, tercian en la polémica opinando con razón que es la Justicia la que debe tomar cartas en el asunto, juzgando a los que hayan arruinado España por medio de abusos y delitos, que no son pocos.
El país, destruido por el abuso y el despilfarro, ofrece una imagen penosa. España no tiene dinero y los políticos afirman que no pueden recortar más sin tocar la sanidad y la educación. Se trata de otra mentira intolerable del poder porque pueden hacer todavía muchas cosas que reclaman los ciudadanos, pero que ellos se niegan a hacerlas porque representaría pérdida de poder. Pueden privatizar o cerrar las ruinosas televisiones públicas, eliminar las diputaciones provinciales, reducir el número de consejerías y de consejeros, directores generales y enchufados, cerrar miles de instituciones ociosas y de empresas públicas prescindibles, creadas para gastar más y colocar a los amigos, bajar los sueldos de los políticos de manera significativa, reducir el parque de vehículos oficiales y de tarjetas de crédito para gastos de políticos, eliminar las subvenciones a los odiosos partidos políticos, organizaciones patronales y sindicatos, vender inmuebles de propiedad pública, reducir drásticamente las nóminas de asesores y enchufados e, incluso, devolver competencias al Estado central, ante la imposibilidad de gestionarlas desde las autonomías. En último caso, podrían hasta eliminar los gobiernos autonómicos y retornar al Estado como único administrador de las bienes y servicios de la nación, ante la evidencia de que el actual Estado de las Autonomías es inviable.
Una vez que hayan hecho todos esos recortes justos y populares, sólo entonces, podrían pedir nuevos sacrificios a los ciudadanos o tocar servicios tan vitales como la sanidad y la educación.
Hacerlo antes, sin eliminar los abusos de poder y los privilegios que no se merecen, es, simplemente, una canallada.