La propuesta de real decreto que el Ministerio de Industria aprobó a finales de julio para regular la producción con autoconsumo lleva meses encendiendo los ánimos de quienes defienden esta modalidad como una importante vía para avanzar en la eficiencia energética, el desarrollo de las energías renovables y la reducción de los costes del sistema. La nueva tasa que gravará la producción casera de electricidad –el Gobierno espera que esté en vigor antes del próximo 1 de enero- es tan impopular que cada vez son más los medios extranjeros los que se hacen eco de la polémica. El último de ellos ha sido The Wall Street Journal.
En un artículo publicado el pasado domingo, el diario estadounidense afirma que para apuntalar la finanzas públicas, el Gobierno de Mariano Rajoy trata de “exprimir aún más a un pequeño pero creciente segmento de la clase media: personas que se mueven hacia la autosuficiencia energética mediante la instalación de paneles solares en sus hogares y negocios”.
Los paneles solares suponen la energía renovable más fácil de instalar para la mayoría de los individuos que opten a ellas, y la caída de los precios en los últimos años los han popularizado. De hecho, en España ya hay miles de instalaciones desperdigadas (algunas fuentes las cifran en 50.000). En una estructura típica, el usuario (casero o empresario) obtiene energía de sus paneles solares durante el día y de un tendido eléctrico por la noche. De este modo los autoproductores generalmente reducen sus compras del tendido entre un 30% y un 40%, según los analistas.
En Europa la industria solar ha visto una oportunidad para crecer, especialmente en los países que están intentando aliviar sus redes sobrecargadas ofreciendo incentivos a los productores individuales. Así por ejemplo, en Alemania la producción de energía solar para uso individual se espera que crezca hasta representar un 12% de toda la producción fotovoltaica en 2017, desde el 4% registrado en 2012, según la patronal alemana.
En España se esperaba que la producción casera de electricidad se multiplicara por diez antes de 2020, pero el nuevo impuesto pone en duda estas previsiones, según destaca el diario neoyorquino.
Además, una vez se haya aprobado el decreto de autoconsumo, los productores tendrán dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones de euros, las mismas –destaca el diario neoyorquino- que las que pueden recaer sobre un productor de energía nuclear cuya central sufra una fuga radiactiva y ponga en riesgo la seguridad pública.
Eso en la teoría, porque en la práctica la sanción más alta de la historia de España impuesta a una planta nuclear ascendió a 15,39 millones de euros. Recayó en Ascó I (Tarragona) en 2009 y se debió a la suma de las multas por cuatro infracciones graves y dos más leves, que fueron consecuencia de la liberación de partículas radiactivas que se detectaron entre 2007 y 2008.
La segunda sanción más alta de la historia fue la que aplicó el Gobierno a Vandellós II en 2006, 1,6 millones de euros.