El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, declaró que la reforma laboral empleada en España "va en la buena dirección", aunque "tendrá que ir acompañada de otras medidas" para resolver la grave situación del paro en el país. En España la medida causa polémica, ya que facilita los despidos y permite nuevos recortes públicos.
El profesor titular de la Universidad del País Vasco Joaquín Arriola cree que esta reforma reduce a la nada el diálogo entre el Gobierno y el pueblo.
"Esta iniciativa del Gobierno de controlar los salarios de los ejecutivos de las empresas públicas es más cosmética y publicitaria que otra cosa. Deja un máximo de 100.000 euros para las empresas públicas de mayor tamaño, de 80.000 euros para las intermedias y de 55.000 para las más pequeñas. Sin embargo, incluye también una cláusula que señala que el propio Ministerio de Economía establecerá además de ese salario fijo un salario variable cuyo importe no está establecido en el decreto, lo cual muestra que se flexibiliza la posibilidad que tiene el Gobierno de favorecer más a unas u otras empresas. Recientemente se ha aprobado un cambio en un modelo laboral español que facilita enormemente tanto los despidos individuales, como colectivos. Así, con la suspensión de contratos y la reducción de salarios en las empresas privadas por un nuevo decreto el Gobierno está diciendo que directamente envía a la basura a uno de los recuerdos lo que se ha unido al diálogo social. De hecho, yo creo que en los próximos días y semanas la movilización social en España va a incrementarse sustancialmente", dijo el experto a RT.
Mientras tanto, Grecia espera con optimismo el segundo rescate financiero. Así lo han expresado en el Gobierno griego después de la conversación que ha mantenido el primer ministro, Lucas Papademos, con la canciller alemana Ángela Merkel y el jefe del Gobierno italiano, Mario Monti.
El próximo lunes el Eurogrupo va a negociar el otorgamiento de la ayuda financiera en una cumbre en Bruselas. El plan supone el rescate público de 130.000 millones de euros y una quita de la deuda de 100.000 millones. Al mismo tiempo Grecia podría preparar una ley que prevé obligar a los acreedores privados a que rehúsen a amortizar las deudas. Según diversos medios, esto buscaría asegurar el cumplimiento de uno de las exigencias de la 'Troika'.
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