Las especies exóticas invasoras son, después de la destrucción del hábitat, la amenaza más importante para la biodiversidad, ya que se estima que son las responsables de la extinción del 39% de las especies animales. Aunque la aparición de muchas de estas especies se ha producido accidentalmente o por negligencias de algunas personas, muchas de ellas han sido introducidas intencionadamente, en muchas ocasiones por la propia Administración.
Una de las causas de esas introducciones es el fomento de las actividades cinegéticas y piscícolas, que ha poblado nuestros ríos, lagos y montes de especies como los Black Bass, la trucha arcoiris, el salmón del Danubio, el Siluro, o los muflones y los arruis, por citar solo unos pocos ejemplos.
El impacto de estas especies sobre el medio ambiente ha sido devastador en muchos casos, ya que compiten por los recursos con las especies nativas. Por otra parte, pueden depredar sobre ellas, alterar el medio al incrementar la eutrofización de las aguas, son vehículos de enfermedades y provocan algunos impactos indirectos como la proliferación de depredadores generalistas.
Hace unos años, la ley no estaba demasiado clara respecto a cómo había que actuar frente a este problema ya que en muchos casos no se disponía de un catálogo actualizado de especies invasoras. Por fin, en el año 2011 se actualizó el catálogo de especies invasoras (Real Decreto 1628/2011 de 14 de noviembre) que incluía a 404 especies de plantas y animales, entre ellos a las especies que he citado anteriormente. En este Real Decreto se prohibía expresamente la suelta de dichas especies y se proponían medidas para la erradicación de las mismas de aquellos lugares en los que se habían establecido.
Como era previsible, las reacciones de las asociaciones de pescadores y cazadores no se hicieron esperar, y a los pocos días de la publicación en el BOE del Real Decreto, comenzaron sus protestas con el fin de cambiar esa ley para que se sacaran del catálogo las especies cuya captura les proporcionaba un mayor placer.
Todos sabemos lo difícil que es cambiar una ley, la cantidad de burocracia y de tiempo que se necesita para hacerlo. Todos conocemos casos de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que después de haber reunido un millón de firmas, ni siquiera se aprueba su trámite parlamentario.
Pero como siempre ocurre, lo importante no es a trascendencia de la ley, sino los grupos de presión que exigen su cambio, en resumidas cuentas, para unos colectivos es imposible cambiarlas, incluso reuniendo millones de firmas, mientras que para otros es suficiente con una petición para que surta efecto.
Hace unas semanas, mientras preparaba un curso para la guardería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, me puse a investigar este tema, recopilando artículos de periódico y me sorprendió lo fácil y sencillo que resulta para algunos cambiar la ley, incluso cuando los argumentos expuestos son absurdos y la trascendencia para la inmensa mayoría de la población es mínima. Hagamos una cronología de los hechos:
- 14 de marzo de 2011: Se publica el RD 1628/2011 con el nuevo catálogo de especies invasoras
- 18 de enero de 2012 (han pasado 66 días): La Federación española de Caza y Pesca muestra su oposición al nuevo catálogo
- 20 de febrero de 2012 (han pasado 99 días): el Gobierno acuerda revisar el catálogo "para evitar conflictos sociales, económicos o territoriales injustificados"
- 14 de marzo de 2012 (han pasado 122 días): el Gobierno modifica el catálogo de especies invasoras, sacando del mismo a todas las especies propuestas por los pescadores y cazadores (black bass, lucio, siluro, muflón, etc.)
Para justificar este cambio en la ley los argumentos esgrimidos eran que se trataba de especies cuya caza o pesca era muy gratificante y porque proporcionaba importantes ingresos económicos, como el caso de la pesca del siluro en el embalse del Ebro. No importaba su impacto sobre las especies autóctonas y sobre el hábitat, eso es secundario. Y en una vuelta de tuerca que roza el absurdo, el Tribunal Supremo decidió que el Black Bass "ya no era una especie potencialmente invasora", asumiendo los argumentos de los pescadores e ignorando los argumentos científicos que la consideran una de las especies más peligrosas. Para que nos hagamos una idea, la decisión del Tribunal Supremo sería comparable a que si decidiera que el ácido sulfúrico ya no es corrosivo sino que es un hidratante corporal.
Ante este tipo de decisiones hay varias cosas que quedan claras, la primera es que no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley ya que nuestras opiniones serán o no serán tomadas en cuenta según al colectivo al que pertenezcamos. En segundo lugar vuelve a quedar claro el absoluto desprecio hacia la ciencia y la investigación que tienen los políticos y los gestores de nuestro país. Y por último, resulta evidente que si se quiere cambiar una ley se puede hacer en menos de cuatro meses, si no se hace es porque no les apetece.