El caso del espionaje a una supuesta amante del rey emérito Juan Carlos I parece dirigido a explotar unas debilidades que, de ser ciertas, podrían dañar gravemente el sistema monárquico constitucional, aunque ahora la Corona la encabeza su hijo Felipe VI.
Ni España, Francia, Alemania o EE.UU. se libran de episodios en los que los espías cambian las tendencias políticas al intimidar y chantajear a sus dirigentes con secretos inconfesables: recordemos los casos de Hillary Clinton y Donald Trump, o los de Jacques Chirac o Willy Brandt.
En España está el ya famoso comisario José Villarejo, policía que posee dosieres sobre personas chantajeables en altas esferas políticas, económicas, sociales y periodísticas.
Daría para una gran novela la historia del enfrentamiento entre ese superespía civil de la Policía Nacional, que aprovechó sus actividades legales para montar fabulosos negocios por los que ahora está en prisión, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán.
El primero depende del Ministerio del Interior y el segundo, desde que Pedro Sánchez es primer ministro, del de Defensa que dirige Margarita Robles, aunque Rajoy lo había puesto en el de Presidencia bajo Soraya Sáenz de Santamaría.
Parecen descubrirse dos éticas diferentes con pocas excepciones, la menos escrupulosa del civil, y la más estricta y fiable basada en virtudes militares como el honor y la lealtad, o al menos eso es lo que parece ante ambos historiales, y en los casos de espionaje más notables de todo el mundo.
Que Sánz Roldán, director del CNI con socialistas y populares desde 2009 haya pedido testificar sobre el caso del rey emérito ante la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento señala que estamos ante una alerta grave en medio del golpismo separatista catalán y de los ataques populistas a la monarquía, señalada en su Artículo 1, no después, como base de la Constitución.
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SALAS