Esta guerra está viva, el analisis detallado realizado por la COMISION DE LA VERDAD
¿Por qué sigue pasando?
El análisis que se presenta en esta parte surgió de la profundización de cada una de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH. Este análisis identifica unas lógicas, motivaciones o finalidades comunes de la actuación criminal de los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y la fuerza pública, y esclarece por qué y para qué se cometieron tales violaciones e infracciones.
Esta guerra está viva
Las motivaciones o lógicas –que constituyen los objetivos de los grupos armados y apuntan a los beneficiarios de la guerra– emergieron al identificar momentos, dinámicas y estrategias empleadas en el conflicto armado por parte de los grupos armados ilegales y de la fuerza pública, y se presentan a partir de casos y testimonios relacionados con diferentes violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
«¡Yo no lo voy a ver muerto a usted por no pagar veinte mil pesos!»: costos humanos y económicos del crecimiento de la fuerza pública y de los grupos armados ilegales
Sostener una guerra implica administrar el personal, distribuirlo, entrenarlo. Es necesario contar con los recursos para comprar armas, abastecerse de alimentos y uniformes, costear el transporte y alojamiento de las tropas y la logística de las operaciones militares, así como para consolidar sistemas de administración y disciplina internos. La duración e intensidad del conflicto armado implicó que los diferentes grupos armados buscaran formas para financiar su actividad y expandir sus capacidades bélicas, logísticas o de inteligencia, y fortalecer sus discursos internos (contraestatales o paraestatales), sostener la cohesión interna y el ánimo de la guerra.
“La guerra necesitaba miles y miles de millones de pesos. Eso no se peleaba, como dijo una vez en una entrevista Ramón Isaza, con venta de empanadas […]. Eso es un cuento chimbo, por Dios. La realidad del conflicto es otra, la guerra se gana con plata y el que no esté dispuesto a ganarla [que] no se meta a la guerra”
Comisión de la Verdad, «Segundo diálogo con autodefensas»
2019
En ese contexto, y sobre todo cuando se incrementaron los programas, planes y ofensivas militares y las respuestas a estas, se presentaron graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. En ese orden de ideas, en este apartado que se encuentra en el tomo completo, se describirán las modalidades de violencia más relevantes que se convirtieron en métodos para garantizar el sostenimiento material de los grupos armados; las que buscaron incrementar la capacidad bélica contra los adversarios, pero que muchas de ellas se dirigieron contra la población civil; y aquellas prácticas implementadas al interior de los grupos armados para resguardar la integridad y disciplina interna.
Las guerrillas buscaron que aquellos que consideraban «el enemigo» cubrieran los costos económicos, pero con el paso del tiempo ampliaron sus acciones bélicas a un amplio espectro de la población civil. Cometieron principalmente secuestros con fines económicos; extorsiones, conocidas como «vacunas» o «impuestos de guerra», que debían asumir los sectores económicos más pudientes; asaltos a entidades bancarias y empresas transportadoras de valores, y robo de ganado. Las víctimas, en sus testimonios, asociaron a las guerrillas con otras infracciones como amenazas de muerte, trabajo forzoso y violencias sexuales contra las mujeres como métodos de presión para garantizar el pago de las exigencias, así como homicidios y desplazamiento forzado.
Los paramilitares se enfocaron en el narcotráfico, los recursos provenientes de las rentas públicas, el robo de combustibles y de ganado, el despojo de tierras, el pillaje y, en menor medida, el secuestro (aunque, paradójicamente, habían declarado entre sus objetivos luchar contra esa forma de criminalidad). También recibieron contribuciones voluntarias de quienes los promovieron, y contaron con facilidades para instalarse y entrenar a sus tropas en fincas de los comandantes o de terratenientes de las zonas donde operaron. Para optimizar estas formas de financiamiento, ejecutaron masacres, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones. Asimismo, tal como se ha constatado judicialmenteCorte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia caso 19, Comerciantes vs. Colombia, Sentencia 5 de julio de 2004, 5 de julio de 2004. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia 15 de septiembre de 2005, Caso de la «Masacre de Mapiripán vs. Colombia», 15 de septiembre de 2005. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, 11 de mayo de 2007., miembros de la fuerza pública los proveían de armamento, municiones, material de guerra y apoyo logístico.
El crecimiento, sostenimiento y fortalecimiento de la fuerza pública ha estado sustentado en los recursos asignados por el Estado por medio del Presupuesto General de la Nación (PGN), mecanismos fiscales conocidos como «impuestos para la guerra»Contribuciones obligatorias destinadas al financiamiento de las distintas fuerzas que conforman el Ministerio de Defensa. Ver Decreto 2009 del 14 de diciembre de 1992; Decreto 265 del 5 de febrero de 1993 («contribución» para «la financiación y dotación de las Fuerzas Armadas»); decretos 1838 y 1949, respectivamente, del 11 y 29 de agosto de 2002; y Decreto 413 del 21 de febrero de 2003 («impuesto para preservar la seguridad democrática»). y «bonos de guerra»Instrumento creado por algunos gobiernos para financiar los gastos de defensa y seguridad del Estado. Consistían en la emisión de títulos valores cuya compra era obligatoria para las personas con determinados patrimonios y podían ser usados para el pago de impuestos, intereses, anticipos, retenciones y sanciones a la DIAN (Ley 345 de 27 de diciembre de 1996, «bonos para la seguridad», y decretos reglamentarios 204, 1037 y 1127 de 1997; Ley 487 del 24 de diciembre de 1998, «bonos de solidaridad para la paz», y Decreto reglamentario 676 de 1999)., otros recursos provenientes de entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional como el Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil) y contribuciones de sectores empresariales privados tanto nacionales como extranjerosAsí, varias empresas multinacionales han suscrito convenios con el Ministerio de Defensa Nacional que conllevan contribuciones económicas tanto para la dotación en infraestructura y material para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como para el mantenimiento de sus efectivos, así como apoyo logístico y préstamo de instalaciones en contrapartida por la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas..
El presupuesto del Estado invertido en defensa puede medirse de varias maneras; como porcentaje del producto interno bruto (PIB) –es decir, con relación al tamaño de la economía colombiana–, en la siguiente línea de tiempo puede ver los porcentajes del gasto militar:Colombia está ubicada como el país con más gasto militar de Sudamérica y en el puesto 18 entre 173 países. nstituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), «Gasto militar (% del PIB) – Colombia». I
Entre 1963 y 1971
52%
1977
1.4%
1996
4.4%
Máximo histórico
2000
3%
2009
3.9%
Entre 2016 y 2020
3.2%
La financiación de la guerra estuvo acompañada por pagos de dineros ilegales a algunos agentes estatales, en particular por parte de grupos paramilitares y de narcotraficantes. Estos sobornos, otorgados especialmente a partir de los años noventa, enriquecieron a algunos militares, policías, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a funcionarios judiciales y de la administración pública. Su propósito fue asegurar lealtades y buscar el apoyo en acciones ilegales que muchas veces se tradujeron en violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Un mando medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que posteriormente fue un importante comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), le dijo a la Comisión:
Fuente: COMISION DE LA VERDAD