A estas horas, uno no sabe si echarse a llorar o avergonzarse de los que moran en Moncloa.
Resulta que esta mañana se presenta un informe llamado Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013. Este documento se ha presentado a la Comisión Europea, y toda la prensa ha entendido que la propuesta del gobierno incluía entre otras cosas, elevar el tiempo de cotización de 15 a 25 años para el cálculo de las pensiones.
Como llueve sobre mojado y el chaparrón es reciente, se ha armado la marimorena en forma de reacciones, por lo cual el propio ministerio de economía ha tenido que salir a matizar que lo que se ha mandado a Bruselas es un ejemplo. Un supuesto que, como no, no tienen ninguna intención de aplicar, sino que es a meros efectos informativos para que los burócratas de Bruselas sepan que aquí también se sabe calcular.
Claro que como llueve sobre mojado y el chaparrón es reciente, el resto de los mortales no sabemos ya que pensar: si este gobierno piensa que somos gilipollas integrales o simple y llanamente la estulticia se ha instalado en este gobierno y cada vez que habla es para cagarla porque este párrafo dice lo que dice:
Para garantizar la sostenibilidad social es importante reforzar el Sistema de la Seguridad Social y, por ello, el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010 trasladar a la Comisión del Pacto de Toledo y al Diálogo Social una serie de medidas de amplio calado. En concreto, la propuesta de reforma supone que la edad legal de jubilación aumente progresivamente en los próximos años hasta situarse en 67 años y que otros parámetros del actual sistema se modifiquen consecuentemente. Pero la reforma va más allá, ya que se propone ampliar el número de años computados para calcular la pensión e incorporar elementos nocionales en el sistema, mejorar el sistema de ayudas familiares y los incentivos a la previsión social complementaria. Como se detalla en el apartado 7 de la presente Actualización, una implementación ambiciosa de estas propuestas reducirá significativamente el gasto proyectado asociado al envejecimiento, en casi 4 puntos porcentuales del PIB a partir de 2030. Esto supone recortar a la mitad el incremento previsto en ausencia de reformas
Y si nos remitimos al apartado 7 (el del supuesto imposible), dice que:
Así, las propuestas que el Gobierno va a trasladar al Pacto de Toledo y al Diálogo Social suponen: i) un reforzamiento de la relación entre cotización y prestación (incluyendo el posible establecimiento de cuentas nocionales en una parte del sistema); ii) la introducción de mayor transparencia en los procesos de cotización; iii) la culminación del proceso de integración de regímenes; iv) una política suficiente y más eficaz de ayudas familiares; v) una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de la Seguridad Social; y vi) la elevación progresiva de la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años y la posible vinculación de otros parámetros del actual sistema (edad mínima de jubilación, número de mínimo de años cotizados para acceder a la pensión y periodo de cómputo para calcular la pensión, entre otras) a este alargamiento de la vida laboral.
O en román paladino: que este Gobierno si va a plantear al Pacto de Toledo el alargamiento del cómputo de años para el cálculo de la pensión.
Es imposible a estas alturas fiarse de cualquier proyección de un gobierno instalado en el despelote de contar un día una cosa, matizarse al día siguiente y corregirse al otro. La credibilidad de la política económica está en el subsuelo y bajando y la credibilidad de la dirección política hace rato que se terminó.
Si alguien piensa que con estos mimbres y con esta política nefasta de incomunicación, que necesita tres ruedas de prensa para explicar lo que se no se tiene intención de implementar pero se deja caer por si cuela y que lo único que consigue es alarmar al personal puede llegarse a 2.012 es que ha perdido el norte.
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