Como en los tiempos de Indira Gandhi, varios estados indios siguen imponiendo cuotas de esterilizaciones, mediante presiones al personal sanitario y a las mujeres, con peligro para ellas. Catorce han muerto en una reciente campaña en el estado de Chhattisgarh. Los hechos ocurrieron en el distrito de Bilaspur, uno de los más pobres del país. Empleados de la sanidad pública recorrieron distintos pueblos para ofrecer a las mujeres, en nombre del gobierno, 600 rupias (casi 10 dólares: lo que allí gana una familia en una semana) a las que se sometieran a esterilización. (Según dos de ellas, con las que habló el New York Times, el empleado les reclamó luego un tercio de la recompensa para los gastos de transporte.) Las que aceptaron fueron llevadas el 8 de noviembre a una clínica improvisada, donde un médico, R.K. Gupta, les hizo ligaduras de trompas a ritmo vertiginoso: 83 en cinco o seis horas, según él mismo. No había quirófano aséptico, ni se esterilizaban los instrumentos entre una operación y la siguiente, y las pacientes eran despedidas en cuanto se recuperaban de la anestesia. Al cabo de unas horas, comenzaron a sentirse mal. Hasta ahora, han muerto trece y tres se encuentran muy graves; otras reciben tratamiento por choque séptico.
Las autoridades sanitarias fijan metas de esterilizaciones a sus subordinados en cada distrito, bajo la amenaza de recortes de sueldo o de despido.
Aunque la India abandonó oficialmente en 1996 las cuotas de esterilizaciones, en los estados se siguen aplicando. Las autoridades sanitarias fijan metas a sus subordinados en cada distrito, bajo la amenaza de recortes de sueldo o de despido. Envían “motivadores” que recorren los pueblos para reclutar mujeres (pocas veces se organizan campañas de vasectomías) ofreciéndoles una recompensa; ellos cobran unas 150 rupias por cada paciente que consiguen. También el médico trabaja a destajo: recibe 75 rupias por esterilización. Se supone que las pacientes deben estar informadas de las consecuencias y riesgos de la operación, y después, ser objeto de seguimiento médico; que los locales y el instrumental han de reunir las condiciones elementales de higiene; que un cirujano no practicará más de 30 ligaduras en un día. Tales normas no se cumplen, como describen, por ejemplo, un reportaje del año pasado en Business Week u otro reciente en The New York Times. No hay camas, el establecimiento está lleno de suciedad y moscas, las recién operadas son colocadas en el suelo, hombro con hombro. La mayoría de las pacientes son analfabetas y no saben a lo que se exponen.
Y mientras tanto, las organizaciones que abogan por los derechos reproductivos, como Amnistía Internacional o el Women's Global Network for Reproductive Rights, no han dicho nada. El Fondo de la ONU para la Población tampoco ha comentado nada.