En 1995 Fujimori fue el único mandatario de Estado que intervino en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Pekín. Interesaba frenar el crecimiento demográfico, y recurre a la planificación familiar más barata: la ligadura de trompas. Cuando los periodistas comienzan a escarbar en la noticia unos meses más tarde, detectan que el citado programa oferta la ligadura de trompas en establecimientos públicos ubicados en las zonas más pobres y su práctica se premia con la donación de alimentos. A medida que van saliendo a la luz nuevas noticias, se va poniendo en evidencia el alcance del plan que a finales del pasado siglo establecía metas numéricas para los establecimientos de salud; cuotas de captación de usuarios para médicos y enfermeras con beneficios o sanciones si las cumplían o no; testimonio de muchas mujeres que no habían dado su consentimiento para la intervención quirúrgica; intervenciones en pésimas condiciones sanitarias, causa de varias muertes... En su informe "Nada Personal", publicado en 1999, GiuliaTamayo, reconocida abogada, establece que estas campañas de planificación familiar cometieron discriminación por género, por condición socioeconómica (pobreza y extrema pobreza), por origen y por condición racial o étnica. Sustenta también sus severas implicanciones sobre los derechos humanos: “El buscar cumplir "metas preestablecidas" de anticoncepción quirúrgica, sin reparar en la calidad del servicio que se prestaba a las usuarias ni en la voluntad de las mismas, supuso la comisión de flagrantes violaciones a los derechos humanos de éstas. El dirigir las campañas de esterilización a la población femenina en edad fértil perteneciente a los sectores más pobres del país, implicó una práctica discriminatoria. Al reducirse la oferta de métodos anticonceptivos a la esterilización definitiva, se atentó contra el derecho a decidir de las usuarias. Al abstenerse a indemnizar de alguna manera a las víctimas de los errores cometidos por los profesionales de los servicios públicos de salud, el Estado incumple con sus obligaciones”.
- 363.000 mujeres peruanas quedaron estériles, muchas de ellas sin su consentimiento.
- Era ministro de Salud Alejandro Aguinaga
- Promovió el caso el fiscal Héctor Villar, especializado en derechos humanos
- Las brigadas de médicos encargados del AQV llegaron a todos los rincones del país, entre ellos a la sureña población cusqueña de Anta, donde está ubicada la comunidad campesina de Ollacocha, una de las más afectadas.
- El programa contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales tenían orden de ofrecer "seguridad" a las brigadas de médicos.
- La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de 1994, suscrita por Perú, estableció que todas las personas tienen derecho de escoger cuántos hijos tener o no y en qué momento, y los Estados signatarios tienen el compromiso de hacer valer este derecho.
- Entre 2001 y 2003, el Congreso legislativo peruano investigó el programa de planificación familiar de Fujimori. Documentó casos de fallecimientos por efectos colaterales de la AQV, y determinó que las autoridades instruyeron a las brigadas de médicos para que esterilizaran a un mínimo de mujeres a cambio de beneficios gubernamentales.
Para saber másjuicio y sanciónImagen: pucp.edu