La participación de policías y militares en serios abusos de derechos humanos, incluyendo asesinatos extralegales, tortura y desapariciones, así como la amplia impunidad y corrupción, sobre todo a escala estatal, dentro de las fuerzas de seguridad y en el sector judicial, continúan como problemas serios en México, afirma la sección sobre México del informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo.El informe, que se basa en gran medida en documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), detalla las prácticas en materia de garantías fundamentales en México bajo diversos rubros, iniciando con el asesinato arbitrario o extralegal de varias personas durante 2012, la mayoría con impunidad. A lo largo del año pasado, indica, la CNDH recibió 45 quejas y emitió 14 recomendaciones al respecto.
Seis hombres ejecutados en una fiesta y el caso de Jethro Ramsés
Entre los casos que resume en torno a homicidios extrajudiciales destaca el de seis hombres en una fiesta de cumpleaños en Guerrero, por fuerzas del 19 batallón de infantería, en septiembre; el caso de Jethro Ramsés Sánchez, estudiante de ingeniería detenido en Cuernavaca y después golpeado, desaparecido y muerto. El joven primero fue capturado por oficiales de la policía municipal, calificado de narco,trasladado a instalaciones de la Policía Federal y finalmente de militares, a quienes se acusa de torturarlo. Un par de oficiales castrenses han sido enjuiciados por este caso, aunque se señala que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Genaro García Luna, rehusaba aceptar las recomendaciones de la CNDH para proceder con las investigaciones.
En otro rubro, se señala que hubo múltiples reportes de de- sapariciones forzadas por Ejército, Marina y la policía. La mayoría ocurrieron en el curso de operaciones de seguridad sancionadas. La CNDH recibió 52 quejas por este tipo de violaciones, indica el informe el cual señala que la comisión informó que había por lo menos 7 mil cuerpos no identificados de personas asesinadas durante los últimos seis años, tanto en morgues como en fosas comunes, y que una lista elaborada por la PGR de más de 25 mil desaparecidos desde 2006 fue filtrada alWashington Post.
Asimismo, indica que la CNDH recibió mil 642 quejas de trato cruel y degradante y 20 quejas de tortura en 2012. “Hubo informes frecuentes de ciudadanos y extranjeros golpeados, sofocados, torturados con shockeléctrico, violados y amenazados de muerte durante su custodia por autoridades”.
La CNDH recibió mil 720 quejas por arresto arbitrario, y como ejemplo expone el caso de Maximino García Catarino, de la Organización por el Futuro del Pueblo Mixteco, beneficiario de medidas de protección ordenadas por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, quien fue arrestado por lo que Amnistía Internacional calificó de cargos falsos de homicidio, entre otros.
Impunidad
Al evaluar el papel de las fuerzas de seguridad, el Departamento de Estado indica que según el sitio de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012 fueron acusados formalmente 186 militares por violaciones de garantías fundamentales, de los cuales 38 fueron fiscalizados en los tribunales castrenses. Sin embargo, ONG de derechos humanos continuaron acusando que la falta de transparencia y el sistema judicial militar contribuyeron y alentaron la impunidad....
En torno a las libertades civiles, el informe apunta que ante los ataques violentos contra periodistas y las sedes de medios, amenazas y falta de protecciones adecuadas, se impone un tipo de autocensura, y resume algunos informes como ejemplos de esto.
En el rubro de la libertad de asociación, se refiere a las protestas del pasado primero de diciembre, donde casi 70 manifestantes fueron arrestados; señala que la Comisión de Derechos Humanos del DF dice tener evidenciade por lo menos cuatro casos de tortura y 22 detenciones arbitrarias. Indica que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que los casos de detención serían examinados, pero que aún no se habían presentado cargos a finales del año. Registra también los cambios hechos por la Asamblea de Representantes al Código Penal capitalino para reducir las penas por ataques a la paz pública.
En el caso de los pueblos indígenas, afirma que sus organizaciones continúan señalando que el marco legal del país no respeta los derechos de propiedad de sus comunidades, que el gobierno no consultan de manera adecuada a estas pueblos al aplicar proyectos de desarrollo, sobre todo en la explotación de energía, minerales, madera y otros recursos naturales en sus tierras.
Resalta el caso del ataque y asesinato de varios miembros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en Oaxaca, por su oposición a un proyecto de minería, y la liberación de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, activistas de derechos del agua, después de tres años de encarcelamiento.
En torno a derechos laborales, el informe se refiere a la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Indica que la nueva legislación impone restricciones a los derechos de huelga y de formación y afiliación sindicales, así como la negociación del contrato colectivo; subraya que la ley no prohíbe la discriminación antisindical ni ordena la reinstalación de trabajadores cesados por sus actividades gremiales. Por otro lado, afirma que los sindicatos empresariales permanecen como un problema en todos los sectores, y muchos observadores indican que la mayoría de los agremiados pertenecen a sindicatos no representativos, y que estos contratos violan la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sobre corrupción, el informe señala que continúa en múltiples niveles; recuerda que un sondeo realizado en 2011 por Transparencia Internacional encontró que el ciudadano promedio en México gastó aproximadamente 14 por ciento de sus ingresos en sobornos, y que una mayoría de la opinión pública considera que hay corrupción significativa en el gobierno y las instituciones políticas y judiciales del país.