Fuente: La Vanguardia
Bruselas (Bélgica).- Las eurodiputadas del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE) en el Parlamento Europeo Lídia Senra y Estefanía Torres (Podemos) pidieron a la Unión Europea (UE) que excluya las aguas del Sáhara Occidental de su acuerdo pesquero con Marruecos, cuyo protocolo actual caduca en julio.
"La UE debe excluir al Sáhara Occidental de su próximo acuerdo con Marruecos", exigió Torres, quien también reclamó la firma de un acuerdo bilateral entre la UE y el propio Sáhara Occidental, "que debe tener capacidad legal sobre sus aguas, como reconoce la sentencia del TJUE".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó el pasado martes una sentencia en la que dictaminó que el acuerdo es legal porque no es aplicable al Sáhara Occidental, de cuyas aguas adyacentes procede en cambio el 90 % de las capturas de la flota europea realizadas en el marco de este pacto.
Torres aseguró estar "convencida" de que los intereses de los pescadores (mayoritariamente gallegos, andaluces y canarios) que faenan en esas aguas "son perfectamente compatibles con los del pueblo saharaui".
"Lo que no podemos permitir es que la inacción y la incapacidad política de quienes nos gobiernan la acaben pagando los pescadores, obligados a elegir entre pescar en la ilegalidad o renunciar a pescar en caladeros disponibles por estar éstos bajo disputa", concluyó Torres.
Por su parte, Senra afirmó que "hay que cumplir la sentencia sin ambigüedades", lo que supondría "la salida de los barcos europeos que operan en aguas saharauis al amparo de este acuerdo de pesca".
"Esta sentencia le da la razón una vez más al pueblo saharaui al asegurar que el acuerdo entre la UE y Marruecos es válido, pero que en ningún caso es aplicable al Sáhara Occidental", dijo la eurodiputada.
La CE, que ya ha empezado a preparar las negociaciones con los países y el sector para la renovación del protocolo, examina ahora el contenido de la decisión del tribunal, que, si bien alivia los temores de la industria y de los países de un posible conflicto con Marruecos, genera incertidumbre.
De las 126 licencias que permite el protocolo pesquero actual, España puede utilizar unas 90, y en 2017 ha llegado a usar cincuenta.
España captura 7.400 toneladas al año en el marco del acuerdo actual, vigente desde 2013, con un valor económico que alcanzó 58 millones de euros en los cuatro años.