Mientras anteayer, el presidente Rajoy anunciaba que no se podía aceptar la dación en pago como una forma de aminorar la pesada carga del desahucio a los implicados –convirtiéndose una vez más, en defensor y portavoz de la gran Banca—, ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la ley hipotecaria española es abusiva e ilegal.
Rajoy y sus secuaces – que aprobaron por la presión popular que se discutiera en el parlamento la ILP sobre desahucios que presentaron casi un millón y medio de ciudadanos-- ya han efectuado declaraciones que predicen que no van a aceptar casi nada, salvo ese código de buena conducta, por el cual los bancos podrían –de forma caritativa—, aceptar condiciones más flexibles ante los desahuciados.
Ha tenido que ser un desahuciado, con su abogado y el juez que intervino en su caso los que, llevando el caso al Tribunal Europeo, han conseguido, después de dos años, que éste tenga que tomar posición contraria a lo que está ocurriendo en España.
Ahora el gobierno, y el mismo Rajoy, hablan de que van a corregir la ley. Y lo harán, pero veremos lo que cambian, porque van a modificar lo mínimo para cumplir, de forma menor, la ley, sin que se resuelta el problema de la dación en pago y la solución a los que se quedan sin vivienda. Sólo en casos claros, donde se vea que los abusos son de gran calibre se tratará de paliarlos. Mientras que pretenderán, como suelen hacer cuando les interesa, que la ley cambie sin que se modifique prácticamente nada. Todo menos ir en contra del sistema financiero, que es quien manda.
Por cierto, por mucho que diga Rajoy –al fin y al cabo, es otra mentira más, de las que nos tiene acostumbrado—, en muchos países de Europa está vigente la dación en pago y el sistema financiero no se ha hundido y funciona perfectamente.
Lo que debería hacer este gobierno, si fuera decente, es paralizar todos los desahucios ya hasta que se corrija la ley hipotecaria y hacer esa corrección teniendo en cuenta la situación crítica que provocan los desahucios.
Es necesario mantener la presión, esa presión –que tan bien está llevando Stop Desahucios-- que ha obligado a que el PP aceptara que se discuta la ILP en el Parlamento, y que ha de conseguir dos objetivos fundamentales: la dación en pago, por un lado, y no dejar sin vivienda a los posibles desahuciados. Dos cuestiones irrenunciables por justicia y humanidad, y porque esos Bancos a los que les hemos regalado 40.000 millones de euros por su mala gestión, que pagaremos entre todos, han de poner algo en el envite, que ya es hora de que bajen un poco la cerviz. Y si el gobierno no se la hace bajar –que no lo hará—, han de ser los ciudadanos los que ahora, con mayor razón por el apoyo del Tribunal Europeo, evitemos que el tema de los desahucios siga siendo una bicoca para los bancos, y obliguemos a que el derecho constitucional a una vivienda digna sea una realidad para todos.
Salud y República