El objetivo es terminar con ciertos abusos en las provincias
Asegurarán la libre competencia. Un grupo de trabajo para la implementación del arancel notarial, responsable de elaborar un estudio técnico – económico destinado a fijar el monto máximo de los servicios notariales en todo el país, conformó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), mediante RM N° 0098-2012-JUS.
Según la norma, la creación de este arancel notarial no busca establecer montos a cobrar por los notarios por sus servicios, sino más bien, adoptar topes máximos para evitar toda competencia desleal en este sector. Así, el estudio evaluará las condiciones demográficas, volumen contractual y necesidades de la población, entre otros.
El objeto es favorecer a las personas de menores recursos económicos, las que muchas veces por estas razones ven limitadas su acceso a la formalización. Igualmente, el estudio se aplicará en los precios de los servicios notariales en aquellas localidades que actualmente cuenten con no más de tres notarios.
La comisión la liderará Frieda del Águila, titular del Consejo del Notariado, y estará integrada, además, por el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Francisco Villavicencio.
También, por Hebert Tassano, presidente del Indecopi, y Crisólogo Cáceres, en representación de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), entre otros miembros.
Este grupo de trabajo tendrá un plazo máximo de 30 días, luego de su instalación, para presentar ante el Minjus el mencionado estudio técnico-económico.
Precios justos
Crisólogo Cáceres
Presidente de Aspec
“Los aranceles son buenos, porque se trata –en este caso– de servicios que tienen un público cautivo ante la necesidad de formalizar y legalizar sus actos. Por tanto, debe ser una garantía de buen servicio y precios justos. En Lima, el alto número de notarias existentes asegura la libre competencia. Sin embargo, en algunos lugares del interior del país, existen muy pocas notarías, elevándose increíblemente sus tasas. De ahí la conveniencia de fijar un arancel para evitar estos problemas, especialmente, en aquellas provincias donde la capacidad adquisitiva de la población no es la mejor.”
El Peruano (16/04/2012)