Hay personas condenadas que no están en la prisión. Personas que hace más de diez años arrastran su condena, pero que nunca han pasado por ningún tribunal, que nunca han tenido ningún abogado defensor, que nunca han visto cómo nadie los escuchaba ni evaluaba la justicia de su situación.
Vivir en situación administrativa irregular es arrastrar la condena de no formar parte de esta sociedad de manera plena, y lo que es aún peor -si hay cosas peores que ésta-, es ver negado el derecho a ganarte la vida, a cubrir tus necesidades más básicas por ti mismo.
Este último mes de enero pudimos ver esta realidad de manera más evidente con el desahucio de la nave de la calle Progrés en Badalona. Porque las condenas individuales se hacen presentes cuando son colectivas. Muchas de las personas que vivían en aquella nave arrastraban una historia de subsistencia en la cara B de nuestra sociedad, la cara del “no tener papeles”. Dentro del actual estado de las cosas, las personas en situación administrativa irregular pueden aspirar, como mucho, a sentirse excluidas como cualquier persona en situación de exclusión social que no haya tenido que migrar, que aún permanezca en la cara A, aunque de manera precaria. Tal es la barrera que se ha construido entre ellas y el resto de la sociedad.
Si echamos la vista atrás, podemos comprobar que la Ley Orgánica 4/2000, la llamada “Ley de Extranjería”, cambió las reglas del juego. Hasta entonces, una persona que no tuviera la residencia legal en el Estado español podía trabajar e incluso cotizar a la seguridad social. Pero la nueva legislación de comienzos de siglo reformuló esta realidad y, bajo la excusa de ordenar los flujos migratorios, reguló el mercado de trabajo en todo el Estado, generando uno formal, con derechos y obligaciones, y otro informal, sólo con la obligación de no tener derechos.
La reforma sobre los derechos de personas migrantes en el Estado español se inició con este control del mercado de trabajo disfrazado de control migratorio, y continuó con la denegación del derecho a recibir ayuda. Las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder de manera plena a los servicios sociales públicos, tan sólo a las atenciones de urgencia. Las administraciones públicas municipales, que son las que al fin y al cabo implementan el nivel de atención social, han hecho todo lo posible por cubrir determinadas atenciones sociales a personas en situación irregular. Pero las necesidades son muchas, y las capacidades del sistema de emergencia son pocas.
El derecho a la vivienda es otra necesidad básica que se niega por la vía de los hechos a las personas en situación administrativa irregular. Sin la documentación, firmar un contrato de alquiler es una utopía, y las personas acaban condenadas a vagar de habitación realquilada en habitación realquilada, o en pensiones, cuando no en asentamientos como el de la calle Progrés de Badalona, sin contrato, sin derechos, y con la continua amenaza de verse en la calle.
¿En qué posición deja esta realidad a las entidades sociales? El tercer sector social no entiende de “legalidad” o “ilegalidad” de las personas. Las entidades sociales sólo ven necesidades básicas y derechos sociales negados a este colectivo, y los principios éticos y humanos que mueven nuestra acción social nos conminan a intentar dar una respuesta a todas ellas. Así lo hacemos desde Acollida i Esperança, acompañando realidades que queremos revertir, pero delante de las cuales, desgraciadamente, no tenemos la fuerza necesaria. Nuestros esfuerzos, dirigidos a que las personas se puedan insertar socialmente, se ven frustrados en muchas ocasiones por las negaciones de derechos de las que hablábamos más arriba. Las personas en situación administrativa irregular que atendemos pueden aspirar, como mucho, a sentirse excluidas como aquellas personas excluidas que no han tenido que migrar, a insertarse en esa cara B.
Esta realidad, ahora mismo, ya no es sostenible. Cada vez se reciben más y más casos de personas en situación administrativa irregular, de personas migrantes que podrían tener una vida muy diferente si sólo cambiara un poco el régimen migratorio español, si éste fuera más humano. Y todos los informes e investigaciones internacionales advierten que, con las consecuencias globales del cambio climático, los flujos migratorios internacionales crecerán. Las entidades sociales corremos el riesgo de que, en un futuro no muy lejano, la realidad migratoria pase a ser la gran protagonista de nuestra acción social y que, por tanto, se vea continuamente frustrada por una cuestión puramente administrativa, como es el tener o no papeles. Este es un hecho delante del que no nos podemos resignar, que no podemos consentir más. El cambio en el modelo migratorio se hace, por lo tanto, no sólo necesario sino imperativo y urgente. Necesitamos un sistema que acoja de manera humana a las personas migradas, para evitar que su máxima aspiración en la vida sea ser excluidas como lo seríamos nosotras.
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Si vives en el Estado español, te interesará saber que diversos colectivos están promoviendo la reforma de la Ley de Extranjería y que puedes firmar para promover su Iniciativa de Legislación Popular (ILP). Infórmate sobre dónde ir a firmar en la web www.regularizacionya.com
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Este artículo fue publicado originalmente en catalán el 26 de enero de 2022, en la web Social.cat.
Foto de portada: Red John - unsplash.com