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Miembros del Frente Socialista Trabajadores de ALCASA (FSTA 26) rechazaron los conatos de violencia producidos en la factoría el pasado martes cuando el trabajador-presidente Elio Sayago, intentó ingresar a la planta y fue emboscado por una turba de agresores, siendo golpeado por uno de ellos en el rostro.
Belinda Ortiz, vocera del FSTA 26, expresó que el frente rechaza la violencia de la que fue víctima Elio Zayago.
“Hay que agotar las instancias del diálogo. Es lamentable la manera brutal como fue tratado cuando hizo el intento de buscar solución al conflicto”.
Señaló que se deben aplicar las sanciones disciplinarias que ameritan esta situación irregular y que van desde las administrativas donde se impone una calificación de despido, hasta las penales que deben estar a cargo del CICPC y los tribunales para hacer valer la ley “porque no puede haber tanta impunidad”.
Por otro lado, Dennys Sucre, vocero del FSTA 26, además de apoyar las declaraciones de Ortiz, informó que Sayago se reunió con la Defensoría del Pueblo en Caracas el pasado martes para discutir los acuerdos del MIBAM con respecto a las exigencias de los alcasianos.
Asimismo, para aprobar la cantidad de 70 millones de Bolívares que serán utilizados para la compra de materia prima necesaria para mantener las áreas productivas y estabilizar el flujo de caja. Precisó que “que hay sectores dentro de la factoría que tienen 5 mil toneladas de mineral represadas”.
Se dirigió directamente a la directiva del sindicato de SINTRALCASA y a su secretario general, José Gil, señalando que el comportamiento antidemocrático, de irrespeto a la gran mayoría de los trabajadores y sus acciones de intimidación, nada tienen que ver con los métodos clasistas y deberían repercutir en el partido político PSUV e instancias gubernamentales para empalmar con el sentimiento de las bases trabajadoras y del pueblo guayanés que sí están preocupados por la situación de las empresas, de su futuro y que rechazan este tipo de agresiones recurrentes, propias de mafias que defienden intereses contrarios a la clase y de espalda a los esfuerzos que esta revolución hace por blindar nuestra soberanía.
Expresó, igualmente, que ese comportamiento antisindical y antirrevolucionario “es un acto de cobardía al que se le debe aplicar todo el rigor de la ley, para de esta manera evitar que se genere una espiral de violencia y acabar con este tipo de métodos propios de las mafias sindicales”.
Del mismo modo, no sólo pidió al Ministerio del Trabajo que aplique las normas y procedimientos correspondientes, sino también a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República para que designen un Fiscal Especial para Ciudad Guayana que atienda este tipo de amedrentamientos y atentados en las distintas factorías del estado Bolívar.
Finalmente, los miembros del FSTA 26 hicieron un llamado al Gobernador Francisco Rangel Gómez para que “agarre a sus locos y los controle” porque están incurriendo en hechos graves que no deben ser apoyados por ningún ente gubernamental. “Le exigimos que sea consecuente con la Línea de Defensa marcada por el Pueblo Bolivariano: porque no se trata solamente de salvar a PDVSA sino también a las empresas básicas de Ciudad Guayana”.
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